La primera semana de septiembre, el presidente Sebastián Piñera presentó un plan contra la sequía, con el objetivo de hacer frente al escenario de estrés hídrico en el que se encuentra la zona norte y central de Chile. Entre otras cosas, este plan contempla un financiamiento por 100 mil millones de pesos para ayudar a los pequeños agricultores y según las mismas palabras del presidente, de esta forma fomentar la transformación productiva. Además, el plan cuenta con 4 ejes para hacer frente al escenario y paliar el déficit hídrico: Instalación de desaladoras, tecnificación de riego, ampliar cobertura de APRs y multar a la gente por “mal uso” de agua (riego de jardines durante el día, riego por tendido de parques y plazas, lavado de autos, etc.). ¿Hacen sentido estos ejes para hacer frente a la crisis hídrica y climática que atraviesa nuestro país?
Lo cierto es, que el enfoque presentado en el plan no podría estar más errado, sobre todo si nos centramos en el fomento a las desaladoras y el castigo a la ciudadanía por el uso del agua. En primer lugar, las desaladoras no pueden ser la primera solución que se contemple en zonas donde la principal causa del estrés hídrico sea el sobre otorgamiento de derechos de agua consuntivos, como es el caso de la cuenca del río la Ligua y río Petorca, en la región de Valparaíso. La desalación trae consigo impactos ambientales muy graves para los ecosistemas marinos (producto del vertimiento de salmuera en las zonas costeras y el cambio de la salinidad), sobre todo si hablamos de mediana y gran escala y si se trata de agua para consumo humano, esta agua no es de la mejor calidad. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué la minería o la agroindustria deberían beber agua dulce y las comunidades agua desalada?. ¿Por qué se deben sacrificar los ecosistemas marinos, patrimonio de todos los habitantes de este territorio, para que una minera transnacional incremente sus utilidades o un agroexportador con conflictos de interés aumente el dinero de sus bolsillos?
En segundo lugar, castigar a la gente es irrisorio y solo transfiere la responsabilidad a aquellos que individualmente consumen el 0,0000003% del agua en Chile (el consumo humano de para agua potable es del orden del 6% del total de los ddaa asignados, entre los 18 millones de habitantes) haciendo la vista gorda a aquellas actividades, como la minería, el negocio forestal y la agricultura de exportación, que tienen en situación crítica a vastas zonas del territorio nacional. Por ejemplo, hace años denunciando que en la provincia de Petorca existen alrededor de 12.000 hectáreas de frutales (principalmente paltos y cítricos) que consumen el agua equivalente a 4.2 millones de personas. Otro ejemplo es el monocultivo forestal, propiedad de las familias Matte y Angelini, el cual consume aproximadamente el 288% del agua inscrita en derechos de agua, al consumir agua directamente de las precipitaciones disminuyendo la escorrentía superficial y la recarga de acuíferos. ¿Quién regula todo esto? Asumimos que el señor presidente prefiere gastar enormes recursos en fiscalización para castigar a la población y proponer medidas superficiales, en lugar de aunar los esfuerzos en regular el uso del agua y castigar severamente la depredación sin escrúpulos de estos grandes empresarios del despojo. Todo esto amparado en un marco institucional y jurídico que permite que el agua sea un bien privado y una mercancía.
Lo que hace este gobierno al transferir las responsabilidades a la ciudadanía es esconder bajo la alfombra el verdadero problema, con el objetivo de que sus amigos se sigan llenando los bolsillos a costa de secar y saquear los territorios. En ningún momento se problematiza o se toman medidas para regular y fiscalizar el uso de agua por parte de las industrias que más consumen agua, las cuales afectan directamente a las comunidades locales y los ecosistemas. No existe un plan de mediano ni largo plazo que modifique el modelo actual de la gestión hídrica del país, en donde prioricemos el consumo humano y ecológico, superando las lógicas extractivistas y neoliberales imperantes. Si seguimos así, la situación solo empeorará y continuarán dejando a las comunidades sin agua a costa del enriquecimiento de unos pocos, con territorios secos y degradados ambientalmente
La intransigencia y los conflictos de intereses de los que nos han gobernado y nos gobiernan actualmente, nos dan claras luces de que no seremos capaces de modificar nuestro sistema actual a través de la institucionalidad política vigente. En este escenario la convención constitucional toma una relevancia absoluta para modificar de una vez por todas el régimen de propiedad de las aguas y de los bienes comunes en Chile y junto a ello un mandato a modificar de raíz el código de aguas. De esta forma, lograremos avanzar hacia una estructura hídrica sustentable, donde el agua sea prioridad para el consumo humano y su gestión sea traspasada a las comunidades, con apoyo del Estado, en un contexto de riesgo climático en el que urge el uso responsable de este bien vital.
MODATIMA
Septiembre 2021
Buenas tardes
Al leer ésta información quiero compartir mi molestia especialmente cuando se le echa la culpa a la población porque no es necesario estar mucho tiempo en la panamericana Norte en Lampa o en la carretera San Martin hacia Colina y ver pasar camiones algibes de gran tonelaje cargados con «agua industrial» lo digo así porque pasan cada 5 minutos no se de donde sacarán tanta agua industrial de lunes a domingo incluso en la noche son tres empresas de transporte una de ellas es Sotraser llevan meses haciendo ésto demostrando que la minería es muçho más importante que la población y los animales