A un año del devastador mega incendio 2024 del gran Valparaíso, que consumió más del 30% de la superficie de Viña del Mar y Valparaíso, seguimos sin una política efectiva de prevención y reconstrucción, y donde cientos de familias siguen aún esperando soluciones. Se confirmó que el incendio fue intencional constituyendo un crimen doloso, con siete detenidos, entre ellos funcionarios de Conaf y Bomberos. El desastre evidencia la falta de medidas estructurales para evitar su repetición.
SENAPRED falló en la gestión de la emergencia, mientras que la ausencia de planes reguladores y de emergencias actualizados agudizan la crisis de seguridad. Denunciamos la ausencia de una estrategia de recuperación y la situación de cientos de familias expuestas al abandono. La reconstrucción avanza con lentitud, forzando a la autoconstrucción como forma de resistencia al desastre. Las respuestas han sido tardías e insuficientes, con viviendas precarias de emergencia y subsidios de arriendo que no cubren las necesidades de las personas afectadas.
No podemos normalizar estos desastres. Exigimos una reconstrucción con justicia ambiental y social, con medidas reales de prevención y protección que se aborden a través de una gobernanza y ordenamiento territorial.
¡No más negligencia ni abandono!
¡Por una reconstrucción con justicia ambiental y social!
A un año del devastador mega incendio en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, denunciamos la falta de una política pública efectiva para prevenir y reconstruir tras este tipo de desastres.
El incendio del 2024 consumió el 34% de la superficie de Viña del Mar y el 38% de Valparaíso, afectando 9.215,9 hectáreas de sectores urbanos, agrícolas y forestales, y con 6.500 viviendas destruidas. Se confirmó que fue intencional, constituyendo un crimen doloso, con siete personas en prisión, entre ellos exfuncionarios de Bomberos y Conaf. A pesar de la magnitud del desastre, las autoridades competentes no han tomado medidas estructurales para evitar su repetición.
SENAPRED falló en el diagnóstico y manejo de la emergencia, tras lo cual la contraloría ha evidenciando graves deficiencias en la gestión del riesgo. La falta de actualización de los planes reguladores, y planes de emergencia comunal profundiza la crisis, dejando a miles de familias expuestas a nuevas tragedias. Asimismo, la ausencia de una estrategia integral de recuperación amenaza la restauración ecológica y la protección del agua.
Exigimos que el Estado y las autoridades asuman su responsabilidad, mejoren su coordinación y respondan a la demanda aún no resuelta, donde ejecuten políticas efectivas de reconstrucción con enfoque territorial y actualicen los planes reguladores y los planes de emergencia comunales . Además, es urgente implementar obras de prevención y evacuación con criterios ambientales. La reconstrucción debe garantizar justicia ambiental y social, evitando que las mismas condiciones que favorecieron la propagación del fuego se repitan.
En esto último, es urgente también que el parlamento apruebe el Proyecto de Ley de Incendios Forestales (Boletín 16.335-14) donde será obligatoria las medidas de mitigación y prevención en áreas de interfaz urbano-rural y forestal, como además, se debe considerar la prohibición de instalación de proyectos inmobiliarias en terrenos forestales siniestrados
Ante la lentitud del Estado y sus instituciones en la reconstrucción, desde las comunidades afectadas la apuesta por la solidaridad y autoconstrucción de viviendas y sus equipamientos se ha convertido en la única alternativa para muchas familias, mientras que la toma de terrenos ha emergido como una forma de resistencia. En esto, se reconoce un “Estado fallido”, dado su rol subsidiario, tampoco fue capaz de garantizar la reposición a tiempo de los suministrados básicos como el agua y la luz, dado que su gestión están en manos de empresas privadas (como Chilquinta y Esval) en donde su respuesta fue lenta e ineficiente, como también existieron cobros de tarifas indebidos, dando a entender que los incendios forestales no son buen negocio para ellos.
Hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes y tardías: viviendas de emergencia precarias, subsidios de arriendo que no cubren las necesidades de las personas afectadas y un constante recambio de jefaturas en el MINVU debido a la falta de reacción del servicio regional y nacional frente a las necesidades de reconstrucción.
No podemos normalizar estos mega incendios como inevitables. Es urgente una gobernanza y ordenamiento territorial que proteja la vida de las personas y al medioambiente, y que actúe de manera preventiva y proactiva.
¡No más negligencia ni abandono!
Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente
MODATIMA
