Nuestro Movimiento, al igual que otras organizaciones ciudadanas, sostiene y hace suyas:
1.- El agua es patrimonio común de la humanidad y la naturaleza, el agua es un bien común, y su acceso y uso deben estar bajo gestión pública.
2.- El agua es esencial para la vida, y como tal constituye un derecho humano básico, en este sentido es esencial que se proteja su calidad y disponibilidad para las comunidades humanas y la conservación de los ecosistemas.
3.- El agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, el agua es un bien de uso y servicio público, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado, o del afán de lucro.
4.- Los derechos de agua concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. Proponemos modificar la constitución, y por ende derogar el Código de aguas vigente, para que sea el Estado quien tenga el dominio absoluto de todas las aguas continentales de la Nación. El Estado debe ser el responsable de la administración y asignación de los recursos hídricos.
5.- La gestión de las aguas en Chile se caracteriza por una fuerte dispersión de las funciones del Estado. Proponemos que la Dirección General de Aguas, como órgano del Estado a cargo de la gestión del agua, sea dotada de mayores competencias y recursos técnicos y humanos. Para hacer eficiente sus funciones de administración y fiscalización de los recursos hídricos, la Dirección General de Aguas debe transformarse en la autoridad hídrica que el país requiere, y no estar subordinada al Ministerio de Obras Públicas, ya que esto limita su autonomía y gestión.
6.- Como se sostiene en el proyecto de acuerdo 319, y que emanará de la sesión especial de aguas celebrada en la cámara de Diputados el día 20 de abril del 2011, insistimos en la necesidad de revocar aquellos derechos de aprovechamiento de aguas que fueron concedidos en cuencas agotadas, en particular aquellos concedidos provisoriamente.
7.- En la asignación de los recursos hídricos, proponemos incluir criterios de proporcionalidad con la superficie a regar, sustentabilidad ambiental, equidad en el acceso y eficiencia en el uso.
8.- Proponemos que la ley 18450 de fomento a la inversión de obras de riego y drenaje, y de la cual se han beneficiado grandes empresas para tecnificar sus sistemas de riego, sea reformada para incluir criterios de acceso de acuerdo a las capacidades de uso de los suelos de cultivo.
9.- Es fundamental restaurar los caudales ecológicos en los ríos de Chile, para estos efectos, y donde exista disponibilidad de recursos hídricos, proponemos transformar derechos de agua subterráneos en aguas superficiales, lo que implica por parte del Estado revocar y otorgar derechos. Del mismo modo, no se puede continuar concediendo derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas declaradas agotadas o en restricción.
10.- Proponemos incluir criterios de transparencia e información pública sobre el Estado actual y la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas.
11.- Proponemos recuperar los servicios de agua potable y saneamiento bajo propiedad nacional pública, incluyendo diversos modelos de gestión.
12.- La Asamblea General de Naciones Unidas Celebrada el 28 de Julio del año 2010, señaló que el acceso a las Aguas era un Derecho Humano esencial, en Chile los que usurpan agua, cometen delitos de lesa humanidad, proponemos a esta comisión que formule una iniciativa tendiente a aumentar las multas y que comprenda sanciones reales y efectivas a quienes con su conducta, han privado del vital elemento a vastos sectores de nuestra comunidad.
13.- Finalmente sostenemos que es fundamental asegurar constitucionalmente la soberanía nacional sobre nuestros recursos hídricos y los derechos de las comunidades locales sobre el uso y manejo del agua, impidiendo su enajenación y mercantilización.
