Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un asunto de ética y decencia. El agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.
Es del más elemental de los sentidos sostener que el agua es determinante para la vida, la preservación de los ecosistemas, el desarrollo y bienestar de las comunidades. Sí, el agua es un derecho humano esencial e irrenunciable.
La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan contra la preservación de la vida de las personas, poblaciones y comunidades.
El 28 de Julio del año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró mediante su resolución 64/292, “el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos”.
El consenso planetario indica que el agua no puede ser otra cosa que un Derecho. Sin embargo, en Chile este derecho no se encuentra consagrado constitucionalmente. Muy por el contrario, la Constitución Política del año 1980, en su artículo 19, numeral 24, sostiene: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Han transcurrido 40 años y el modelo privado de aguas en Chile se mantiene inalterable. Los defensores de este sistema sostienen que el agua es un bien público y que la entrega es sólo en la modalidad de derecho de aprovechamiento. Para ser rigurosos, este derecho de aprovechamiento es un derecho real, sobre el cual los particulares pueden hacer uso, goce y usufructo. Es más, el derecho de aprovechamiento de aguas se entrega a perpetuidad, es heredable y susceptible de ser hipotecado.
En Chile, al momento de declararse la Pandemia provocada por el COVID 19, teníamos la Región de Atacama, 17 de 18 comunas rurales de la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins y el Maule declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. A lo que debemos agregar las regiones de Coquimbo y Valparaíso declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía.
Aproximadamente 6 millones de personas viven en sectores rurales. Las estimaciones sostienen que son 400 mil familias rurales, (aproximadamente 1,5 millones de personas) las que no tienen suministro de agua potable permanente. Dependen básicamente de la entrega de agua a través de camiones aljibes, 50 litros de agua por persona diariamente.
El ministerio de Salud a través del decreto 47, publicado en febrero del 2018, estableció un reglamento para la distribución de agua en camiones aljibes. Esta agua debe cumplir con los estándares de higiene e inocuidad para no poner en peligro a la población. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma no es obligatorio en un Estado de Emergencia Sanitaria como el actual, y la población que se abastece de agua en esta modalidad declara desconocer la calidad del agua que hoy se le entrega, así como también desconocen su procedencia o de dónde la obtienen.
Sin ánimo de exaltar el momento actual, vivimos momentos dramáticos. Dramáticos, porque una de las principales medidas para impedir el avance del COVID 19 tiene que ver con lavarse las manos con agua corriendo y de manera frecuente. ¿Cómo se puede cumplir esta norma en el mundo rural? ¿De qué manera garantizamos agua a la población, cuando en Chile se privilegia el agua para la industria extractiva y no para la vida de las comunidades? ¿Es posible que al interior del gobierno de Piñera siga prevaleciendo la mirada bursátil en torno al agua?
¿Podemos continuar privatizando las utilidades generadas por el negocio del agua y, a su vez, continuar socializando las pérdidas en aquellas comunidades como la provincia de Petorca, donde no hay agua para lavarse las manos, porque el agua se encuentra capturada por los grandes productores/exportadores de paltas?
Sin agua la vida no está garantizada para nadie. Interpelamos al Gobierno de Sebastián Piñera para que esté a la altura de las circunstancias. La historia lo juzgará por sus decisiones, por sus acciones y también por sus omisiones.
Rodrigo Mundaca (Vocero Nacional Modatima)
Juan Ignacio Latorre (Senador de la república)
Abril 2020
