Tal como lo señalamos en otras ocasiones, si bien, la reforma es absolutamente insuficiente frente a los desafíos de combatir la desigualdad hídrica y social y de terminar con la mercantilización de las aguas, la votación refleja algunas tendencias generales. Un aspecto central es reconocer que Boric, así como Giorgio Jackson, aún representan posiciones minoritarias en el parlamento, por lo que, para llevar a efecto el paquete de transformaciones estructurales que hemos instalado en el debate público desde los movimientos sociales, necesitamos impulsar la unidad parlamentaria de las fuerzas de transformación, de cara a las elecciones del 2017.El día de ayer se votó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto que reforma el Código de Aguas de 1981, el que fue aprobado por 63 votos a favor y 32 votos en contra.
Tal como lo señalamos en otras ocasiones, si bien, la reforma es absolutamente insuficiente frente a los desafíos de combatir la desigualdad hídrica y social y de terminar con la mercantilización de las aguas, la votación refleja algunas tendencias generales.
La clase empresarial, como es de histórica costumbre, tiene representantes políticos directos que se defienden fervientemente el derecho de propiedad sobre las aguas por sobre cualquier otro derecho (como el derecho humano al agua), lo que se expresó en que toda la bancada de la derecha se aferró, de forma transversal, al artículo 19 Nº24 de la Constitución, vía reserva de constitucionalidad. Este mecanismo corresponde a una antesala del Tribunal Constitucional, que no es más que uno de los amarres del sistema legislativo chileno, orientado a impedir cambios en temas esenciales del orden neoliberal. Allí, en las cosas fundamentales respecto de la propiedad y el mercado, no se expresa diferencia alguna entre UDI-RN-Amplitud ni Evópoli: de forma unánime votan y apelan a su Constitución.
La Nueva Mayoría, en tanto, promueve un “discurso” de derecho, al declarar las aguas como bien común, derecho humano, bien nacional de uso público, entre otras nociones de especial relevancia; sin embargo, la gran falencia es que, en la práctica, los cambios propuestos no son significativos, dado que no apuntan a la solución de fondo; es decir, tras años de discusión parlamentaria y tras la indicación sustitutiva que ingresó este gobierno, las aguas continúan siendo consideradas mercancías, resguardas por el derecho de propiedad. Dicho de otra forma, la Nueva Mayoría una vez más utiliza el traje del bien común, pero en esencia, no es capaz de llevarlo a efecto. En palabras simples, logró la aprobación de una reforma característica de la transición pactada, hecho que, en resumidas cuentas, favorece indirectamente al gran empresariado.
Por su parte, la posición que apela a la solución de fondo, que implica modificar la Constitución y consagrar el derecho humano y el bien común del agua en la carta magna, es minoritaria en la Cámara y, una vez más, fue reflejada por la intervención de Gabriel Boric, quien logró resumir en cinco minutos la posición de los movimientos sociales que desde hace años luchan por terminar con las injusticias hídricas y transformar el modelo de agua en Chile. No obstante, Boric, así como Giorgio Jackson, aún representan posiciones minoritarias en el parlamento, por lo que, para llevar a efecto el paquete de transformaciones estructurales que hemos instalado en el debate público desde los movimientos sociales, es necesario tomar en consideración un elemento central. En adelante, será fundamental impulsar la unidad parlamentaria de las fuerzas de transformación, de cara a las elecciones del 2017. En ello la opción del Frente Amplio se instala como una posibilidad de irrupción en el parlamento, no sólo desde las fuerzas políticas emergentes, sino que desde todo el campo de fuerzas sociales, organizaciones, movimientos territoriales y sectoriales que representamos un ideario de cambios; de lo contrario, dejaremos pasar una posibilidad histórica de constituir una alternativa al duopolio que, resguardándose de impulsos netamente electoralistas, sea capaz de concitar un debate social y programático amplio sobre el proyecto país que impulsaremos ante el modelo de despojo de bienes comunes y derechos sociales que existe en Chile.
Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez
