El 21 de marzo de 2017, Ciper Chile publicó un extenso reportaje de invertigación con respecto al lucrativo negocio del transporte y distribución de agua, situación que MODATIMA ha venido denunciando hace muchos años. En la investigación recogió información de diferentes organismos estatales sobre manejo de fondos, proveedores y montos involucrados y mostrar cuánto desembolsa el estado.
El reportaje recoje información referente a Bio-Bio, La Araucanía, El Maule y Petorca, sobre esta última reproducimos la información entregada por Ciper Chile.
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PETORCA: MERCADO INFORMAL
“Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.
El 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.
Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.
A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.
A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).
De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).
Aquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).
La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.
Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.
Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.
El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.
Fuente: Ciper Chile
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