El pasado martes 27 de marzo, el actual Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció a medios de la prensa que las indicaciones al proyecto de reforma al Código de Aguas se encontrarán listas en un plazo aproximado de 60 días[1]. Aprovechó también de manifestar su opinión respecto al proyecto de ley actual, impulsado por el Gobierno anterior, manifestando que “(el) proyecto estuvo basado en un cuestionamiento ideológico, a mi juicio no aporta mucho, teniendo en cuenta la utilización del agua como recurso productivo (agricultura, la industria o la minería), y eso para que opere bien deben existir derechos de aprovechamiento de agua con 100% de certeza y desgraciadamente, este proyecto (al Código de Aguas), deja en duda, amenaza los derechos de propiedad de aprovechamiento, de manera que con las modificaciones buscamos que haya seguridad jurídica, pero también seguridad hídrica”. Por último, argumentó que las soluciones a los problemas de hoy son un tema de gestión donde se deben analizar las licencias e incrementar la fiscalización para evitar su acaparamiento y mala utilización.
Los dichos del Ministro de Obras Públicas se cuadran perfectamente con lo manifestado durante instancias anteriores por Antonio Walker (Ministro de Agricultura) y Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), para quien la reforma representaba “Una inestabilidad jurídica de una magnitud sin precedentes”[2].
Vale recordar que la tramitación de este proyecto de Ley (Boletín N° 7.543-12) fue iniciada por una moción parlamentaria[3] en la Cámara de Diputados el año 2011. Luego de 5 años de discusión en la cámara baja, se completó el primer trámite constitucional en el mes de Noviembre del año 2016, trasladándose al Senado, lugar donde actualmente se encuentra en desarrollo su segundo trámite constitucional, sumando en total 7 años de tramitación.
Como organización hemos señalado reiteradamente que sin una modificación Constitucional, las Reformas al Código de Aguas son totalmente insuficientes para solucionar de manera efectiva los conflictos por el agua en el país. En este sentido y aunque cueste imaginarlo, estamos de acuerdo con los dichos del Ministro: La Reforma al Código de Aguas efectivamente “aporta poco”, para solucionar la situación actual y futura. Esto se debe a que la propiedad privada del agua no se consagra en el Código de Aguas, sino en el cuerpo legal base (carta magna) de toda nuestra legislación: La Constitución de la República de Chile. De hecho, la Reforma al Código de Aguas del año 2005, durante Gobierno de Ricardo Lagos, demoró 13 años de discusión para finalmente no tener incidencia significativa en frenar los conflictos por el agua que hoy hacen a Chile conocido en medios europeos[4].
Con la entrada del Gobierno de Piñera, y en consideración a estas declaraciones, hacemos un llamado de atención a las comunidades a organizarse contra una ofensiva del sector productivo hacia las garantías que debiera entregar el Estado respecto al derecho humano al agua potable[5]. Si bien esto era predecible con un segundo mandato de Piñera, no es menos peligroso, ya que los representantes de los intereses productivos no consideran como un factor limitante la gravedad del contexto de escasez hídrica actual y su impacto en las comunidades. Con un Gobierno aún mas polarizado hacia el sector productivo, es deber de la ciudadanía y sus organizaciones frenar a este grupo de personas que pretenden pagar sus ambiciones con la calidad de vida de las comunidades del país.
No deja de llamar la atención las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, toda vez que el mismo fue partícipe de la actividad celebrada esta semana en función de la 5º versión de Water Week Latinoamérica 2018 (WWLA). En esta instancia se presentó un estudio «Radiografía del Agua: Brecha y Riesgo Hídrico en Chile», elaborado por la Fundación Chile, donde se señala que de seguir el aumento de temperaturas y la falta de precipitaciones que sufre el país, parece imposible que los sectores agrícola y energético puedan sostener la actual producción, en particular las producciones localizadas en torno a los cauces de los ríos Los Choros, la Ligua, Limarí, Petorca y San José.
Si la actual Reforma del Código de Aguas posee como objetivo equilibrar el desarrollo productivo con el derecho humano al agua y la preservación ecosistémica, ¿Cómo se explica que el ministro la reduzca a un “cuestionamiento ideológico”? Considerando la situación y resultados de la gestión actual del agua, tema ampliamente estudiado y avalado por los resultados expuestos en la Water Week, ¿Cómo se puede seguir avalando una situación donde la propiedad privada ha prevalecido más que el uso doméstico para la subsistencia? ¿Aún con los antecedentes y proyecciones que existen? ¿Acaso avalar la propiedad privada bajo las mencionadas condiciones no es una ideología bajo este contexto?
La propiedad privada inextinguible y con “100% de certeza jurídica” sobre los ríos y acuíferos nacionales sólo ha tenido por consecuencia la sobreexplotación de los ecosistemas y el despojo del agua a las comunidades, principalmente rurales a lo largo de todo el país. Al año pasado, la situación de alrededor de más de 400.000 chilenas y chilenos a nivel nacional, dependientes de servicios de emergencia a base de camiones aljibes, es decir, aproximadamente medio millón de personas carentes de un abastecimiento regular de agua de bebida (no potable).
La perpetua y actual defensa de la propiedad privada de los grandes agricultores debiera también ser leída como resultado del inmenso beneficio económico que le han entregado a los participantes del Mercado de las Aguas. Los beneficiados del modelo también deben haberse sorprendido con el resultado monetario de la especulación con el vital elemento. Pero todo con un costo asociado, un costo al parecer invisible para la mayoría en este país.
El gobierno de Sebastián Piñera representa a un sector conservador, de fuerte base Rural, los herederos del saqueo originario que hizo nacer al país: los terratenientes, los patrones de fundo, una combinación entre políticos y empresarios agrícolas. Este es el mismo sector que se levantó en armas en 1973, interrumpiendo el proceso de transformación social más grande que ha tenido Chile: La Reforma Agraria.
Son muy pocas organizaciones las que han manifestado la importancia y necesidad de recordar la historia para frenar la situación crítica que vive el país. Dentro de estas organizaciones se encuentra ANAMURI, de quienes se extrae la siguiente cita realizada en las sesiones de discusión del año pasado en el Senado: “Asistimos a la incapacidad o complicidad de los gobiernos de enmendar una injusticia planeada por mentes perversas que no trepidaron en castigar de múltiples formas las comunidades campesinas e indígenas que levantaron la voz para organizarse y establecer una vida digna para su familia a través del proceso de reforma agraria…Chile cumplirá 44 años de contrareforma agraria y cada año que pasa la tensión principal radica en la propiedad de la tierra separado del agua marginando a las comunidades pobres y asfixiando a los campesinos porque el agua, como la tierra es un derecho privado que se transa en el mercado”
En este sentido no podemos evitar reconocer en el actual Código de Aguas de 1981, un cuerpo legal con el objetivo de despojo de bienes comunes insustituibles como el agua. Ha sido la reacción de los grandes propietarios al proceso de repartición de tierras y aguas entre los trabajadores, iniciado con Alessandri.
Si bien nuestro objetivo es replantear el modelo de gestión hídrico nacional ¿Hasta dónde servirá cambiar el Código de Aguas, si no modificamos la Constitución en el Artículo Nº 19 Numeral 24, donde se consagra la propiedad privada del derecho de aprovechamiento de agua? ¿Hasta dónde servirá cambiar el Código de Aguas si no cambiamos el modelo extractivista de los recursos naturales? ¿Hasta dónde servirá cambiar el Código de Aguas si no redistribuimos la propiedad de los recursos naturales, meta original de la reforma agraria interrumpido por la milicia?
Con el Gobierno de Sebastián Piñera pareciera que los cambios sólo serán en medida de que el sector productivo lo determine. Ellos que han golpeado la mesa doblegando a la institucionalidad pública para que redacte indicaciones para favorecerlos. Desde los gremios (agrícola, eléctrico y minero) se encuentran abogados y ex directivos de la DGA, principal institución pública en materia hídrica.
Ante la gravedad de la situación hídrica mundial, es necesario planificar un mejor uso, más sostenible y equitativo del agua. Las medidas del Gobierno no han sido eficaces y los gastos son excesivos. Desde el reportaje «El Negocio de la Sequía” de Alberto Arellano, (CIPER CHILE), entre el año 2010 y 2016, el Estado de Chile gastó 92 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibes, o sea, durante todo el primer mandato de Piñera más 2 años de Bachelet. Esta situación en definitiva no va a cambiar y, muy por el contrario, de no haber un cambio «dramático» en las condiciones ambientales, el gasto irá incrementando.
Se necesitará de una masiva voluntad ciudadana para implementar una planificación en materia hídrica aun inédita en nuestro país. Esto es algo mucho mas complejo que la reforma puntual al Código de Aguas de 1981. Sin embargo, cualquier planificación va en contraposición a la propiedad privada del agua.
Cuando existen desequilibrios estructurales, generalmente las fortalezas se convierten en los puntos frágiles o débiles. Esto es lo que pasa con la Constitución y las legislaciones que heredamos de la Dictadura: Son desequilibradamente neoliberales. Nuestros legisladores nunca consideraron los aspectos necesarios para que la población futura tuviera acceso al agua para el largo plazo. Lo importante era que cuando el agua cuando escasea, se convierte en un tremendo negocio. Querámoslo o no, este enfoque ya quedó obsoleto.
Es precisamente este enfoque el que suponemos que defenderá el Gobierno de Piñera, dentro de sus futuras indicaciones al proyecto de reforma. De lo que hay “100% certeza”, es que no nos cansaremos de plantear nuestros argumentos frente al país, en defensa por una justa distribución de un elemento vital: el agua.
Por: Nicolás Bujes, MODATIMA Metropolitano
[1] – Radio Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/2018/03/26/ministro-fontaine-interrumpir-el-sistema-de-concesiones-solo-tuvo-fundamentos-ideologicos/
– Estrategia: http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1041423/60-dias-estara-borrador-indicaciones-reforma-codigo-aguas
[2] Nota de Girovisual Television: https://www.youtube.com/watch?v=_TrWMbFHHlk
[3] Moción (Iniciativa de Ley): Conforme al artículo 65 de la Constitución, las leyes pueden tener dos orígenes: “en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros”. Así, el Presidente de la República puede enviar un proyecto al Congreso Nacional para su discusión. Este es el llamado “mensaje” o “mensaje presidencial”. También, puede ser generado por los propios parlamentarios, caso en el cual recibe el nombre de “moción”. Esta última no puede ser firmada por más de diez Diputados ni más de cinco Senadores.
[4] Dinamarca: https://old.danwatch.dk/en/undersogelse/avocados-and-stolen-water/
Francia: https://www.youtube.com/watch?v=Ch5ZkfR0hkQ
Alemania: http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/umweltkiller-superfood-100.html
[5] Esta priorización es consistente con el derecho humano al (1) acceso al agua potable y (2) al saneamiento, reconocido por el Gobierno de Chile al haber suscrito la resolución pertinente en la asamblea general de las Naciones Unidas el 28 de julio del 2010. Dentro de la discusión legislativa del año pasado la abogada Nancy Yañez graficó la situación internacional donde Chile se inserta, señalando que se encuentra al debe dado que “El Derecho Humano al acceso a agua potable está en todas las legislaciones latinoamericanas, excepto en Chile” Nancy Yañez, 17de enero de 2017, Sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
