El día 11 de Marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el Coronavirus causante de la enfermedad infecciosa COVID 19, era pandemia, es decir que su contagio era a nivel mundial, los contagiados crecen diariamente de forma exponencial, así como también el número de fallecidos, la humanidad se enfrenta a un virus feroz, que natural o artificialmente inducido, se focaliza principalmente en los adultos mayores, y en personas que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes. A propósito del principal grupo de riesgo, como no recordar a Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien se le imputa la frase, ”Los ancianos son un peligro para la economía, ya que viven demasiado y eso es un riesgo para la economía Global, tenemos que hacer algo, y ya”.
Al momento de escribir este texto, Chile tiene más de 2.000 contagiados por COVID 19, 12 muertos, y 7 comunas de la región Metropolitana en cuarentena, y todo indica que estas cifras seguirán creciendo, en contraposición a lo declarado por el ministro de Salud (21/03/20), Jaime Mañalich, quien sostuvo “¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? (sic).
En materia de medidas de protección y prevención, el aislamiento social y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usando un desinfectante a base de alcohol es a estas alturas una condición esencial para no aumentar los contagios.
En su acepción más amplia, del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, y por cierto la vida, hoy amenazada de forma despiadada, particularmente aquellas comunidades que se encuentran privadas de agua, producto del modelo de privatización y mercantilización de este bien natural, modelo que en Chile se expresa de forma asimétrica y brutal.
Tenemos según diversas fuentes nacionales, 147 comunas con decretos de escasez hídrica, 400 mil viviendas rurales sin acceso a agua potable, aproximadamente 1,5 millones de personas dependiendo de camiones aljibes para satisfacer su demanda de agua para conservar la vida.
A propósito de los camiones aljibes, el decreto número 41 del ministerio de Salud (08/11/2018), estableció un reglamento sobre las condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante este tipo de camiones.
Cuando “vender agua potable” se ha transformado en un lucrativo negocio, como ocurre en la provincia de Petorca, o en la provincia de San Felipe, ambas provincias pertenecientes a la región de Valparaíso, ¿Quién esta fiscalizando este negocio? ¿Quién garantiza que el agua que se suministra en las comunidades azotadas por el despojo, cumple con los estándares de higiene e inocuidad requeridos? ¿ Es posible que los aljibes se transformen en vectores con ruedas?.
Y podemos seguir con las disquisiciones ¿Es posible que hombres y mujeres que viven en territorios privados de agua, puedan lavarse las manos frecuentemente y con agua corriendo cuando dependen de los camiones aljibes? ¿Son suficientes 50 litros de agua por persona para higienizarse las manos frecuentemente y además lavar ropa para evitar posibles fuentes de contagio?.
Con la pandemia desatada, la privatización de las aguas en Chile es simplemente criminal, no sólo porque viola un derecho humano esencial, si no porque además priva de este elemento a hombres y mujeres fragilizando y exponiendo sus vidas en detrimento o en favor de la industria extractiva.
Y el tema del agua permanece soslayado por el actual gobierno, funcionarios como el ministro de agricultura, ufanamente sostienen que como la temporada de riego llega a su fin, los camiones aljibes van a contar con una mayor dotación de agua, o cuando se declara al sector agrícola como infraestructura crítica priorizando el agua para las funciones productivas de los fundos.
El gobierno de Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua, sabemos que al interior de su gabinete existe un “gabinete hídrico”, como también sabemos que al interior del Congreso existen parlamentarios como los senadores Coloma, García Huidobro, Ossandón y Castro, que siendo dueños de derechos de agua, intervienen en el debate público para con sus votos impedir que el agua sea un bien nacional de uso público. Hoy cuando disponer de agua para salvaguardar la vida es una condición esencial para combatir el COVID 19, los mencionados tienen una responsabilidad inequívoca, la historia los juzgará.
Al concluir, y como sostiene Joel González, músico, docente y activista socio ambiental de la comuna de Limache, también mi amigo, “No olvidemos que la pandemia está instalada hace rato en Chile, la contagian las industrias extractivas, la minería química a cielo abierto, los monocultivos, las termoeléctricas, la quema de combustibles fósiles, los relaves, las refinerías, los que en rigor usurpan y lucran con el agua, las forestales, las salmoneras, la contaminación de los ríos y del océano, la diferencia es que sobre ellos no se aplica cuarentena, toque de queda, ni restricción alguna, no se moviliza ningún ministerio, no aparece en los medios todos los días, no se toman medidas urgentes para mitigar el daño y evitar que la pandemia siga extendiéndose a otras ciudades”.
Pasará el coronavirus, muchos sobrevivirán resguardados en sus casas, pero otros miles seguirán bajo una pandemia con incierto desenlace, la debacle ambiental silenciada por los Estados, los medios, e ignorada por tantos otros que desde la comodidad de sus hogares, han mantenido total indiferencia y desinterés por detener el virus infeccioso del modelo de despojo, y que en el “lucrativo negocio del agua” tiene su expresión más despiadada.
Rodrigo Mundaca Cabrera
Ingeniero Agrónomo
Vocero Nacional del Modatima
Premio Internacional de Derechos Humanos de la ciudad de Nuremberg
Premio Internacional de Derechos Humanos Danielle Miterrand
