¿Cuán sostenible es nuestro abastecimiento de agua en las ciudades chilenas?

A propósito de un artículo aparecido en el medio La Tercera, el día 09 de Marzo, titulado “Sanitarias despliegan planes de reducción de las pérdidas de agua para hacer frente a la sequía” debemos preguntarnos ¿Cuán sostenible es nuestro abastecimiento de agua en las ciudades chilenas?

“Este año, por primera vez desde 1968, tuvimos que llegar a acuerdos de redistribución en plena temporada de riego por la extrema sequía. Los agricultores tuvieron que ceder el 10% de lo que tienen –que ya es una cantidad significativa– para entregar a la toma independiente de Aguas Andinas. Si no lo hacíamos, habríamos tenido que descargar completo el embalse El Yeso para consumo humano, quedando sin agua para el invierno del 2020”, señalan las declaraciones de Natalia Dasencich, secretaria abogada de la Junta de Vigilancia del río Maipo, primera sección.

Sorprendentemente, aun cuando los agrícolas del río Maipo “cedan” agua de forma caritativa a las y los santiaguinos, existe un asunto no asumido que impide la sostenibilidad de nuestro sistema de abastecimiento: las pérdidas de agua potable.

Agua No Facturada (ANF)

No toda el agua producida por las empresas llega a ser efectivamente cobrada (facturada en base al medidor de cada cliente). Esto es debido a las pérdidas (fugas y/ó filtraciones) en las etapas de producción y distribución.

El nivel de agua no facturada depende principalmente del estado de la infraestructura y de la gestión que realice cada empresa. Por ejemplo, en Japón se tiene un porcentaje aproximado de 5% a 3% de agua no facturada, Dinamarca tiene porcentajes menores al 10% e Inglaterra, que tiene un modelo de gestión sanitario similar a Chile, posee cifras cercanas al 20%.

El ANF está constituida principalmente por las pérdidas físicas en la red (por roturas, filtraciones, entre otros), pero incluye otros ítems, en menor proporción, como errores en las mediciones, conexiones clandestinas, fraudes y también usos no facturados: lavados de redes, extinción de incendios, entre otros (SISS, 2019). El nivel de pérdidas efectivo depende de múltiples factores, tales como la antigüedad y materiales de las obras de los sistemas de agua potable, especialmente de las conducciones y redes de distribución; de la calidad del agua cruda y de los robos y hurtos, entre otros.

¿Para qué sirve este indicador? ¿Cuál es la información que nos entrega? La utilidad de este indicador radica en que puede considerarse una aproximación al estado de la infraestructura sanitaria (redes de distribución y recolección). Por ejemplo, mayores porcentajes de ANF puede indicar falta de inversión en mantención y reposición de infraestructura, puesto que mayor volumen de agua se filtraría en las etapas de producción y distribución, antes de su facturación (medidor).

¿Quién paga las pérdidas?

El ANF es un indicador de tal importancia que incluso se encuentra considerado dentro del esquema tarifario (DFL 70/1988). De este modo, se considera un nivel de pérdidas eficiente de hasta un 15% en la etapa de distribución y de hasta un 5% en la etapa de producción.

Sin embargo, el nivel real de pérdidas es mayor (excepto en Aguas Magallanes), puesto que depende de múltiples factores tales como la antigüedad y materiales de las obras de los sistemas de agua potable, especialmente de las conducciones y redes de distribución, de la calidad del agua cruda que determina el lavado de filtros que se requiera en su tratamiento, además de robos y hurtos.

En la zona norte, las empresas Aguas del Altiplano y Aguas Chañar han disminuido significativamente sus porcentajes iniciales de ANF, sin embargo, desde el año 2012 existe una tendencia hacia porcentajes cercano al 30%, junto a las empresas Aguas Antofagasta y Aguas del Valle.

En la zona centro existe una tendencia general a mantener todas las empresas cifras mayores a 30%, siendo el máximo valor asociado a SMAPA en Maipú para el año 2017 (65%).

Por último, en la zona sur las tres empresas Aguas Araucanía, ESSAL y Aguas Patagonia han logrado un paulatino descenso desde un 46%-36% hasta en los últimos años ubicarse entre un rango de 30%-36%, siendo la excepción a esta regla la empresa Aguas Magallanes, toda vez que históricamente ha demostrado los menores porcentajes de agua no facturada nunca mayor al 18%. Incluso al 2018 se ubica como la empresa con menor ANF de este listado con un 14%.

El porcentaje de ANF aumentó el año 2010 para ESSBIO y el 2015 para Aguas Andinas. Prácticamente se mantuvo igual en ESVAL (alrededor del 40%, es decir el doble de lo que se considera una empresa eficiente) y las otras empresas privatizadas posteriormente.

En el periodo 2007-2018, se aprecia que el sistema no ha incentivado a las empresas privadas a producir una disminución significativa de ANF. De hecho, durante el 2017 el ANF a nivel país representó un 33% del volumen de agua producida, 0,8 puntos sobre el valor observado el año 2016 (SISS, 2017). El constante aumento de este indicador evidencia el no cumplimiento con los objetivos de manutención y reposición de los sistemas, aumentando sus resultados económicos y disminuyendo sus compromisos de inversión que está cobrando a sus clientes, al no hacerlo muestra que hay un problema de capacidad de control por parte del regulador, vale decir, del Estado de Chile (Alegría & Celedón, 2006).

Si bien el sistema sanitario chileno basa sus principios en la eficiencia, sus resultados son cuestionables en relación a los altos volúmenes de agua no facturada.

¿Cómo una empresa como Aguas Andinas puede perder más del 30% de su producción y mantener año tras año un nivel de utilidad sobre patrimonio sobre el 20%? ¿Cuál es la explicación de la autoridad a cargo del sector, la Superintendencia de Servicios Sanitarios? Las tarifas no han cumplido con el modelo eficiente, sino todo lo contrario la empresa traspasa sus ineficiencias hacia la cuenta que pagamos mes a mes.

Por ejemplo, en el “Informe a expertos del estudio determinación de tarifas Esval S.A periodo 2015-2020”, la SISS establece que “Esval pretende caminar por el camino contrario (del modelo tarifario): menores eficiencias y mayores tarifas; la empresa pretende traspasar sus ineficiencias a los usuarios aumentando sus niveles tarifarios, emulando el comportamiento de una empresa monopólica…. el nivel de pérdidas de la empresa real (sobre 40%), muy por sobre el promedio del sector sanitario (en torno al 34%) y que la empresa no se ha esforzado por disminuir, ni siquiera en un escenario de sequía que incrementa el valor del agua.”

Las pérdidas y/o fugas se deben entender como las principales ineficiencias a abordar hace más de una década ya que su efecto es perjudicial desde el punto de vista económico, social y ambiental. La pérdida de agua en las redes no es gratis ya que también significa pérdidas de ingresos económicos para las empresas sanitarias, lo cual se puede traducir en un incremento de las tarifas pagadas por las y los ciudadanos. De esta manera, las empresas privadas se abstienen de realizar las inversiones y aun así mantener altas ganancias.

Todas las principales empresas de agua potable y alcantarillado en Chile se encargan de la distribución del agua potable. Este viaje del agua desde las plantas potabilizadoras hacia las y los clientes se sustenta por complejos sistemas de tuberías y/o cañerías que han ido en evolución desde mediados del siglo XX, en conjunto con las ciudades. Vale decir, cada ciudad cuenta con su propia, única y particular sistema de cañerías, bajo los pies de sus residentes. La construcción, mantención y supervigilancia de esta infraestructura siempre ha sido administrada por el Estado debido a su vital importancia, no sólo en Chile sino en el mundo. Sin embargo, eso cambió radicalmente en nuestro país, donde las empresas de agua potable y alcantarillado de las ciudades son gestionadas por empresas privadas e incluso las 4 empresas más grandes, Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL (esta última conocida por causar en Osorno la peor crisis desde la década de los 60) son íntegramente propiedad de multinacionales: AGBAR-SUEZ, de capitales españoles y franceses, junto al Fondo de Pensiones de Ontario Canadá, el fondo de pensiones más grande ese país.

Una de las acciones para revertir esto es la participación ciudadana en 2 procesos claves del sistema sanitario chileno: Procesos Tarifarios y Plan de Desarrollo. Como ciudadanas y ciudadanos exigimos participación en la gestión de un servicio esencial como el agua potable y alcantarillado.

Nicolás Bujes
Modatima