El día 14 de Julio fuimos notificados y amenazados a través de una inserción publicada en El Mercurio titulada: “Reforma al código de Aguas amenaza certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las Personas”. Diciendo que los dueños del agua, liderados por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Bancos y la Sociedad Nacional de Minería, van a realizar todas las acciones posibles para evitar y obstaculizar cualquier iniciativa que tenga por propósito modificar el modelo privado de aguas en Chile, por cierto, único a nivel mundial.
En el inserto recurren a los artilugios ya conocidos, es decir, la perpetuidad del mantra que sostiene que “los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” en rigor, el artículo 19, numeral 24 de la Constitución política del 80’.
Nos recuerdan que sus derechos de aguas fueron legítimamente constituidos, de que cualquier alteración a la propiedad privada del agua provocaría gravísimos daños, alterando el valor de bienes, y por ende impidiendo el uso del agua como prenda de garantía para intermediar favores crediticios.
El inserto también nos recuerda, más bien nos amenaza directamente, que modificar el derecho de propiedad sobre las aguas generaría graves consecuencias, incluyendo la institucionalidad política y económica del país.
Al respecto es preciso señalar que existe un consenso creciente y de características planetarias, de que el agua es un derecho humano esencial e irrenunciable, la base para el cumplimiento de todos los demás derechos, sin embargo, en Chile, y por largos 38 años (código de aguas del año 1981), el agua se encuentra al arbitrio de la industria del despojo.
Nos hablan, nos exigen dar certeza jurídica sobre la propiedad privada del agua, pero nada dicen de las 380 mil viviendas rurales que hoy no acceden al agua potable, nada dicen acerca de que hoy, 8 de cada 10 recolectores de agua en los sectores rurales son mujeres, o de que el secuestro del agua dulce por parte de la industria extractiva, deja a comunidades y territorios sin el vital elemento. Nada dicen sobre los 150 mil millones de pesos que ha tenido que gastar el Estado de Chile en los últimos 5 años, comprando agua y arrendando camiones aljibes, por cierto el dinero gastado también se encarga de dar cuenta de que la casta que ha mal administrado el Estado, no ha tenido el coraje para hacer del agua un bien común y su acceso un derecho Humano.
Y los efectos y alcances de la privatización del agua suman y siguen, desde hace 6 días la ciudad de Osorno se encuentra sin suministro de agua dulce en los hogares de más de 180 mil personas. La empresa sanitaria ESSAL responsable del suministro y de la calidad del agua que se le proporciona a la población no logra mitigar los efectos de un derrame de petróleo en el principal afluente de agua dulce de la comuna.
Piñera llama a que la empresa cumpla con lo prometido, proveer de agua limpia y de calidad a la población, un gobierno que actúa de comentarista, porque no sólo están privatizadas las fuentes de agua desde la dictadura (1981), también las sanitarias desde el año 1997 en adelante, sólo señalar que antes de que cumpliera un año de su primer mandato, Piñera vendió la participación pública de las empresas ESVAL, ESBBIO, ESSAL y AGUAS ANDINAS.
Esta es la situación global, los insertos de los fácticos de siempre cuentan con el apoyo del actual gobierno. Piñera durante su campaña presidencial sostuvo siempre la certeza jurídica sobre la propiedad privada del agua, al interior de su gobierno mantiene un gabinete hídrico, siendo Antonio Walker, ministro de Agricultura, su figura más destacada, el responsable del cabildeo, de enviar cartas a los medios de prensa expresando la necesidad de mantener la propiedad privada del agua, a estas alturas, el interés particular del ministro es también el interés de los particulares que forman parte del actual gobierno, ¿se entiende no?
Concluyo señalando que la lucha por el agua es el conflicto socio ambiental más importante y agudo del país, poderosas y asimétricas fuerzas se encuentran en colisión irremediable, y será, deber ser, el sentido común el que prevalezca, el agua es un bien común y su acceso un derecho humano esencial e irrenunciable, y deben priorizarse sus usos, en primer lugar salvaguardando la vida, todas las vidas. Estos principios no están en los anaqueles de los mercaderes del agua, sin embargo, más temprano que tarde vamos a recuperar el agua, para que nunca más la solución sea comprar agua, esperar el aljibe o pedir que la generosidad de los dueños del agua se exprese en donaciones, para que nunca más los niños privados de agua vean comprometido su presente y también su futuro.
Por Rodrigo Mundaca, Vocero Nacional MODATIMA
