Durante los primeros días de Septiembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presento el Mapa de Conflictos socioambientales 2018, dando cuenta de la existencia de 116 casos, de los cuales 63 son conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados. Los conflictos identificados están asociados a los sectores productivos de: Energía, Minería, Pesca y Acuicultura, Forestal y sector Agropecuario[1].
Los conflictos socioambientales o ecoterritoriales señalados por el INDH, corroboran una vez más, la existencia en Chile de un modelo de apropiación y explotación irracional y masivo de bienes naturales comunes, sin procesar o con un procesamiento mínimo, y que se destinan preferentemente hacia los mercados de exportación. Este modelo de despojo (Extractivismo) incluye no solamente los sitios o lugares donde se extraen los bienes naturales comunes, sino también la construcción de infraestructuras de acopio, o asociadas a la provisión de energía y de infraestructura vial y ferroviaria para el transporte de los mismos.
A propósito del informe del INDH, el mismo nos permite distinguir entre los conflictos de convivencia, donde las comunidades afectadas se organizan para defender sus derechos sin oponerse de manera tajante a la industria extractiva, y aquellos conflictos entre formas distintas de relacionarse con la naturaleza y la forma de ver el mundo, en este caso las comunidades se han organizado para defender sus modos de vida, en rigor, irreconciliables con la actividad extractiva.
Sin dudas que los conflictos socioambientales en Chile seguirán siendo crecientes, así como también la resistencia de las comunidades, ¿porque? En simple, porque es la vida la que está en juego, porque cada vez se comprende con mayor nitidez la necesidad de defender los derechos humanos ambientales, es decir los derechos relacionados con el medio ambiente, en particular, el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna, derechos humanos que en Chile se encuentran al arbitrio de la industria del despojo, y los ejemplos son evidentes, y por lo mismo, necesarios de relevar.
Los altos niveles de contaminación industrial que afectan a la región de Antofagasta, son el resultado de la impunidad con que las empresas extractivas hacen y deshacen en el territorio, declaraciones recientes del secretario regional y presidente del Departamento de Medioambiente del colegio Médico, Hugo Benítez, señalan “Hoy la gente se está muriendo por cáncer de pulmón y de vejiga”, detallando que “en Chile mueren por cáncer 160 personas por cada 100 mil habitantes, en el mundo se mueren 242 y en Antofagasta, 246”.
La explotación de yacimientos de Cobre con altos contenidos de Arsénico, y la consiguiente contaminación de las aguas, así como también el transporte, acopio y embarque de concentrados de Minera Sierra Gorda en el Antofagasta Terminal Internacional (ATI), de propiedad del grupo Luksic, son algunas de las causas de la grave situación socioambiental que vive la región de Antofagasta[2].
Mejillones, una comuna situada al norte de la región de Antofagasta, y considerada como Zona de Sacrificio, su comunidad se encuentra movilizada desde el mes de Agosto del 2018, a propósito de un derrame de hidrocarburos que afectó a la playa dos quebradas, ubicada al norte de la comuna, en el muelle de la planta Copec, afectando principalmente a los pescadores de la comuna, situación repetida el año 2017, esta vez en el puerto de Michilla, y donde se produjo vertimiento de ácido sulfúrico en el borde costero, desde las instalaciones de la empresa minera Michilla S.A., perteneciente al grupo Luksic.
La contaminación ambiental de la bahía de Mejillones, y el irracional aumento de Industrias contaminantes, viene siendo denunciando hace años por los habitantes de Mejillones, y la indolencia e irresponsabilidad de quienes a su turno han administrado el Estado sigue siendo el denominador común[3].
Si del norte nos vamos al sur, la situación se repite de forma calcada, la región del BioBío, también cuenta con zonas de sacrificio. En la comuna de Coronel, los complejos Bocamina I y II de la empresa de generación eléctrica ENEL, y la central Santa María de Colbún (ambas a carbón), sumados al cordón pesquero concentrado en Caleta Lo Rojas y dos parques industriales en el acceso norte, rodean el paisaje de lo que fue una bahía turística, el material particulado que se percibe en el ambiente, ha derivado en denuncias permanentes de la comunidad, las que señalan que se están quedando sin oxígeno. Metales pesados como Aluminio o Mercurio han sido detectados en el torrente sanguíneo de los niños de la comuna, lo que derivó en la movilización de toda la ciudad en el mes de Abril del presente año.
En la región de Los Lagos, concretamente en el archipiélago de Chiloé, la destrucción ambiental se expresa a través de la contaminación química y orgánica de los mares producto del derrame de Petróleo, y el vertimiento en los mares de miles de toneladas de salmones afectados por algas nocivas, acción avalada por el Servicio Nacional de pesca, la Armada de Chile y la complicidad de algunas organizaciones científicas[4].
En el mismo archipiélago, en la comuna de Queilen, desde el año 2016 la comunidad no puede tomar agua “potable”, puesto que la misma se encuentra contaminada con cloruro de sodio, y toda la población es abastecida de agua mediante camiones aljibes provenientes de la ciudad de Castro.
He dejado para el final a la región de Valparaíso, región que de acuerdo con el informe del INDH y referido a conflictos socioambientales, es la región que presenta el mayor número de casos, 19, entre ellos, el que ha concitado toda la atención reciente, me refiero a Quintero y Puchuncaví, para ser precisos, el 21 de Agosto del 2018, se dio a conocer que 45 estudiantes se habían intoxicado debido a una nube tóxica que contenía un gas desconocido.
Hoy se sabe que la cantidad de afectados por los problemas de contaminación de Quintero y Puchuncaví, ha ido creciendo, y se habla de 600 personas afectadas, principalmente por la calidad del aire.
Las movilizaciones de la comunidad se suceden una tras otra, el gobierno de Piñera cancela las clases, pero no cierra las empresas, la ministra de medio ambiente, Carolina Schmidt se apresura en imputar responsabilidades a una empresa, ENAP, en circunstancias que son 19 las empresas contaminantes, se forma una comisión investigadora al interior de la cámara de Diputados, se anuncia recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, normar los estándares de calidad del agua, el aire, suelo, metales pesados y gases de acuerdo con la normativa de la Organización mundial de la salud (OMS).
Quintero y Puchuncaví transformados (hace mucho tiempo) en una gran e impune zona de sacrificio, y me pregunto, ¿como fue que permitimos esto? AES GENER (Termoeléctrica Campiche), refinería y fundición de Codelco, Cemento Melón, Oxiquim (empresa química), GNL (gas natural licuado), COPEC (Planta de almacenamiento de combustibles y terminal marítimo), ENAP (Empresa nacional del Petróleo) entre otras industrias contaminantes. Naturalizamos el sacrificio, la pesca artesanal y la pequeña agricultura fueron avasalladas por el despojo e imposibilitadas de continuar por la contaminación, empresas y casta política formaron una alianza que tributó y tributa, en granjerías y privilegios.
Que respiran las comunidades de Quintero y Puchuncaví? Según diversos especialistas (químicos, toxicólogos, ingenieros y médicos), Dióxido de Azufre, Ácido Sulfúrico, Dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Material particulado, Plomo, Arsénico, Mercurio, Cobre, Mercaptanos, Tolueno, Nitrobenceno, coincidirá con el autor de este artículo, un cóctel mortal, una responsabilidad criminal.
A propósito de lo que señalan los especialistas, para el ministro de salud del gobierno de Piñera, Emilio Santelices, los malos olores que abundan en la bahía de Quintero “no implican intoxicación”.
La destrucción ambiental de un territorio determinado que pone en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio, se sintetiza en la palabra ECOCIDIO, la que también se puede interpretar como “el asesinato o exterminio del medio ambiente”.
En las regiones de Antofagasta, BioBío, Los Lagos y Valparaíso, donde el sacrificio implica privatizar las utilidades devenidas de la apropiación y demencial uso de los bienes naturales comunes, y en la socialización de las pérdidas producto de la privación y contaminación de las aguas, de la tierra, del aire y la destrucción de la flora y la fauna, ¿Cuál debería ser la respuesta de la comunidad? ¿Alguien piensa, que los derechos humanos ambientales van a ser respetados y restituidos por la sola voluntad de quienes durante años han lucrado con ellos? ¿Quién y en qué momento definió el mapa del sacrificio territorial? ¿Existe justicia ambiental en Chile? ¿Seguiremos permitiendo que el ECOCIDIO sea la característica distintiva del actual modelo de acumulación y desigualdad? Juzgue usted.
por: Rodrigo Mundaca
Vocero Nacional del MODATIMA
Septiembre de 2018
[1] https://www.indh.cl/indh-presenta-mapa-de-conflictos-socioambientales-en-chile-y-anuncia-recurso-de-proteccion-en-favor-de-habitantes-de-quintero/
[2] https://www.elciudadano.cl/chile/colegio-medico-advierte-catastrofica-contaminacion-en-antofagasta-esto-seria-inaceptable-en-el-centro-de-santiago/09/08/
[3] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/07/un-nuevo-quintero-mejillones-se-pone-en-pie-de-guerra-contra-la-contaminacion-industrial/
[4] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/04/07/la-complicidad-gubernamental-en-la-destruccion-serial-del-mar-de-chiloe/
