En Chile la reforma agraria, situada históricamente entre los años 1962-1973, fue la respuesta a la explotación de las y los trabajadores del campo, la respuesta al vinagre y versallesco Latifundio criollo, vastas superficies de tierra ociosa, que no pagaba tributos, que contaba con un sistema de trabajo conocido como Inquilinaje, donde los salarios correspondían en equivalente a la mitad de los salarios de los trabajadores de la ciudad, mitad que nunca se pagó completamente en dinero, estimaciones de la época sostenían que sólo un 25% era en dinero y el 75% restante era en especies, en rigor, comida.
En Chile, “La tierra para el que la trabaja”, tuvo como respuesta un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas, que en esencia modificaron la estructura de la propiedad y la producción de la tierra.
Conocido es, que el proceso de reforma agraria fue violentamente interrumpido a partir del golpe militar del 11 de Septiembre del año 1973, miles de campesinos que lucharon por la propiedad de la tierra, que asumieron el derrotero de su propio destino, fueron asesinados a mansalva, perseguidos, encarcelados, despojados una vez más, de los más preciado, la tierra, obligados por el peso de la bota golpista y la confabulación de los cómplices civiles, a ser nuevamente mano de obra asalariada.
En Chile los cimientos de la privatización de los bienes naturales comunes se edificaron en la década del 70 y en gran parte de la década de los 80, en rigor durante la Dictadura. A la privatización de la tierra le siguió la privatización del agua, cuestión que se consagra en la constitución del año 1980, en particular en el artículo 19, numeral 24, que señala “ Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
A renglón seguido, el código de aguas del año 1981, se encargó de fijar los marcos de la privatización y mercantilización del agua, reconoció a la misma como un bien público pero también como un bien económico, le concedió la prerrogativa al Estado de ser este quien entrega el agua en la modalidad de derechos de aprovechamiento, entrega que se realiza de forma gratuita y perpetua a los particulares, los que amparados en las garantías constitucionales del artículo 19 numeral 24, han podido incorporar el agua a su patrimonio, y por ende concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua, creo dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, Consuntivas y No Consuntivas, y finalmente se encargó también de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, formalizando de facto el mercado del agua.
Sin dudas, la Agricultura cumple un rol social insustituible, producir alimentos para la población, del mismo modo esta actividad es la que más agua consume, en particular aquella agricultura que accede a la Banca, que cuenta con desarrollada tecnología, propietaria de enormes volúmenes de agua y que destina su producción a los mercados de exportación, lo que ha situado a Chile como uno de los 10 países más importantes del mundo en ventas al exterior de alimentos (1).
En producción/exportación de Uva de Mesa y Paltas, Chile se sitúa dentro de los tres principales países a nivel mundial, la salvedad es que el 80% de la composición de la Uva de mesa es agua, y el 74 % de la composición de la Palta, también es agua (2).
En Contraposición a lo anterior, la agricultura familiar y campesina (aproximadamente 200 mil familias), es la responsable de la preservación de la Soberanía Alimentaria, la responsable de la producción de 1/3 de todos los alimentos que se consumen, pero también el sector de la agricultura más perjudicado por la privatización del agua, han sido miles las familias campesinas que privadas de agua han debido abandonar la actividad agrícola, migrar desde el campo hacia la ciudad y por ende destruido su identitario cultural, la provincia de Petorca, en particular las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca son prueba de esta aseveración (3).
No contar con derechos de agua “legalmente” constituidos, es decir, no tener la propiedad del agua, ha significado para la agricultura familiar y campesina no poder acceder a los instrumentos de fomento productivo del Estado, no acceder a obras de riego tecnificado, no acceder a obras de acumulación de agua, no aumentar su superficie productiva, no diversificar su estructura de cultivos, en rigor, quedar al margen de los instrumentos de cofinanciamiento de la instituciones públicas, instrumentos a los que sí acceden aquellos productores “dueños” del agua a los que el Estado ha beneficiado entregándoles el agua, o por su propio poder adquisitivo, comprado agua.
A modo de disquisición, ¿Cuánto ha contribuido la mirada Neoliberal sobre los bienes comunes a agudizar las contradicciones en el campo? ¿Qué volúmenes de recursos públicos han ido a parar a las empresas agrícolas que orientan su producción hacia el mercado exterior, y que dueñas del agua, no tienen cortapisas para acceder a todo el instrumental de fomento productivo que han administrado los gobiernos neoliberales?
La presión que ha ejercido el modelo agroexportador sobre los bienes naturales comunes, ha sido a expensas de la pauperización de la pequeña agricultura familiar campesina, a expensas del agotamiento del agua y la tierra, esta agricultura fuerte y desarrollada de la cual se han vanagloriado los malos gobiernos, se ha encargado de degradar de manera irreversible bienes naturales que la naturaleza hoy no es capaz de restituir, y por tanto la sustentabilidad agrícola tan declamada, una mentira más.
La soberanía alimentaria está amenazada, en algunos territorios completamente arrasada, el sentido común ha sido avasallado por el lucro desvergonzado, los malos gobiernos han profundizado el “negocio” del agua y cedido a las presiones corporativas, las mismas que exigen certeza jurídica acerca de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, es el mismo sector “exitoso” de la agricultura, liderado por la Sociedad Nacional de Agricultura ( el mismo gremio que persiguió a los campesinos reformados durante la Dictadura, y que hoy recurre a las mismas prácticas con aquellos hombres y mujeres que luchan en las comunidades rurales por agua), el que llega con sus productos a las góndolas de los supermercados extranjeros, y que ven engrosar sus ingresos.
La agricultura actual es el resultado del proceso de artificialización de la naturaleza, monocultivo como estrategia de desarrollo (degradante de la base natural), sobrequimización de los medios de cultivo, y uso irracional de la tierra y el agua, han sido las características del modelo “exitoso” que se vende en el exterior, modelo sustentado en la transformación de la tierra y el agua en capital financiero teóricamente “inagotable”.
La dialéctica, como ciencia de las leyes más generales que rigen la dinámica del desarrollo de la Sociedad Humana, el Pensamiento y la Naturaleza, señala a la Tierra y el Agua como una unidad, donde la existencia de una (tierra) presupone la existencia de la otra (agua), preservar la soberanía alimentaria, preservar el patrimonio identitario, cultural, territorial, requiere de recuperar el agua como teoría y praxis revolucionaria, sustento, por cierto temerario, de una Segunda Reforma Agraria.
Rodrigo Mundaca Cabrera
Ingeniero Agrónomo
Vocero Nacional MODATIMA
(1) Orlando Milesi. Derecho al agua impulsa propuesta de reforma agraria en Chile. Agencia de Noticias Inter Press Service. Mayo 2017.
(2) Rodrigo Mundaca. Apuntes de Fruticultura. Presentación Universidad Santo Tomás. Mayo 2014.
(3) Rodrigo Mundaca. La privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos. Ciper Chile. Febrero 2012.
