La interrupción prolongada del suministro de energía ha dejado sin servicio a numerosas familias y comunidades, revelando serias deficiencias en la planificación y gestión de la infraestructura energética. La precariedad de la atención y el desabastecimiento se contrastan con los altos precios que mes a mes quienes dependemos de ese servicio debemos pagar.
Sin electricidad no hay vida digna, por ello debe ser considerada como un derecho humano garantizado por el Estado. La actual emergencia eléctrica nos demuestra que es urgente repensar y reestructurar nuestro modelo energético para que se centre en las personas, en sus derechos humanos y no en el lucro de las grandes empresas trasnacionales. Al igual que con el agua, las administraciones neoliberales han generado las condiciones para la privatización de la distribución de la energía.
Como MODATIMA sostenemos firmemente que el acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad son derechos humanos fundamentales. Exigimos una investigación exhaustiva para determinar que todas las entidades responsables de esta crisis rindan cuentas por la falta de mantención y previsión, así como las consecuencias que esto ha tenido para la comunidad.
Es deber del Estado planificar el desarrollo de la Matriz Energética en base a un plan de ordenamiento territorial, y no depender de empresas del Norte Global, como ENEL y otras varias, que hoy mantienen a miles de familias chilenas sin electricidad, mientras que gozan de millonarias regalías por el cobro del servicio. La electricidad y sus fuentes, deben ser considerados como bienes públicos, entregando un estatuto de protección a este sector estratégico, que permite incorporar criterios de interés público, condiciones de igualdad y no discriminación en su uso. El no contar con acceso a la electricidad potencia desigualdades de todo tipo, pero además extrema las vulnerabilidades de las poblaciones más marginalizadas.
En este contexto, hacemos un llamado a la comunidad a unirse en solidaridad y a exigir medidas inmediatas para abordar esta crisis y prevenir futuros episodios similares. Continuaremos trabajando incansablemente para proteger nuestros recursos y garantizar el acceso justo y seguro a servicios básicos, avanzando en la construcción de una agenda alternativa de transición energética justa, que ponga en el centro las necesidades de la población y no el negocio sobre nuestros derechos.
