Piñera ahora va por la modernización del sistema de inteligencia nacional y define como enemigos a los grupos nacionales

Hoy cuando todas las comunas de la provincia de Santiago entran en cuarentena, cuando el peor escenario, en todos los territorios, parece desatarse con fuerza irrefrenable, y por ende la urgencia es salvar vidas y adoptar las medidas necesarias para impedir el avance del COVID 19, nos enteramos que las prioridades de Piñera siguen siendo la criminalización del movimiento social, a propósito del proyecto que “Moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia”, boletín N° 12234, aprobado entre gallos y medianoche en el senado y que ahora la Cámara de Diputados debe ratificar. No conforme, el Gobierno le agrega suma urgencia, razón por la cual se podría votar el próximo 20 de Mayo.

El proyecto define el Sistema de Inteligencia del Estado, crea un Consejo Asesor, dispone la instalación del cargo de Subdirector para la Agencia Nacional de Inteligencia, y proyecta el diseño de una estrategia Nacional de Inteligencia para los próximos cuatro años.

En términos simples la Contrainteligencia son acciones orientadas a prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades externas que amenacen, pongan en riesgo, o atenten contra el “ordenamiento constitucional”. El proyecto de Piñera cambia el eje de la Contrainteligencia señalando que los objetos de amenaza pueden provenir de “Grupos Nacionales”.

De ser aprobado por la cámara de Diputados este proyecto, ya no sólo será la PDI, la ANI o Carabineros los que podrán realizar tareas de seguimiento a dirigencias sociales (situación que quedó en evidencia en el marco del estallido social, y a propósito de un reportaje del medio electrónico Interferencia, titulado PacoLeaks), también se podrán utilizar las unidades de inteligencia de las FFAA. contra “Grupos Nacionales”, que a criterio/descriterio de las autoridades amenacen la seguridad del país.

¿Quiénes son los que van a definir a los Grupos Nacionales como amenaza interna? Y esto a propósito de que no existe en ni un cuerpo legal una caracterización al respecto, en rigor, esto va a quedar al arbitrio del consejo asesor presidido por el propio Piñera, el mismo que ha sido condenado internacionalmente por la violación sistemática de los derechos humanos en el marco del estallido social, y que tiene como antecedente a decenas de muertos, cientos de mutilados y miles de detenidos.

Del mismo modo, el proyecto de ley pone trabas al control democrático por parte de la cámara de Diputados, ya que establece que las Diputadas y Diputados miembros de la comisión de Inteligencia del Estado, podrán con 2/3 de sus miembros en ejercicio citar al Director de la ANI, o sea manga ancha para actuar, puesto que sabemos cómo operan los vetos de la minoría al interior del congreso.

¿Y de que montos hablamos? El proyecto posibilita un aumento encubierto de gasto fiscal, y referido al funcionamiento de las unidades de Inteligencia, además de los casi 6 mil millones de pesos al año con que cuentan estas estructuras.

El nuevo proyecto de inteligencia incorpora un artículo transitorio que deja abierta la posibilidad de que una vez promulgado, el poder ejecutivo pueda aumentar el presupuesto de forma discrecional, sin eufemismo alguno, cuando considera que el servicio de Inteligencia “requiera de mayor demanda”.

Unidades de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ejerciendo tareas de seguimiento y control sobre grupos nacionales que a criterio de la autoridad atenten contra la seguridad interior del estado, elevados quórums para que los organismos de control democrático puedan requerir antecedentes sobre estas labores de “Inteligencia”, un millonario presupuesto para funciones de inteligencia y operativas que puede ser incrementado cuando la demanda así lo establezca, ¿qué más se le puede pedir al gobierno de Piñera? ¿Tiene su obsesión de destruir el movimiento social algún límite?

El gobierno de Piñera es un gobierno encubiertamente Fascista, que con fuerzas y medios y en un escenario tan dramático como el actual, intenta consolidar su política represiva y de control utilizando al congreso para ello, ahora lo que corresponde es que aquellos que tienen la tarea de legislar estén a la altura de las circunstancias, rechazando este nuevo intento por escalar la criminalización del movimiento social, mientras que a nosotros nos toca la tarea de dar cara y denunciar a esta falaz democracia de los poderosos.

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