CEJIL y MODATIMA solicitan Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de comunidades rurales en escasez hídrica en el marco del COVID19

Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile, 14 de mayo, 2020.-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) realizaron el día de hoy una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender a la emergencia de comunidades rurales de las Comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, en la Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, Chile que se ven afectadas por la falta de acceso al agua, hecho que pone en riesgo su vida y salud y les impide tomar medidas de prevención de contagio de COVID-19.

Las comunas donde se ubican las comunidades se encuentran declaradas como zonas de catástrofe y escasez hídrica desde el 2008. En sus territorios prácticamente no llueve, se han secado los ríos, agotado las napas subterráneas y secado los pozos. Las aguas que permanecen no son accesibles para las poblaciones rurales campesinas, porque son de propiedad privada de las industrias agrícolas y mineras de la zona, las cuales sostienen sus explotaciones con éxito aun en la peor sequía que ha azotado la región. Ante esto, las comunidades subsisten con medidas de emergencia que implican el abastecimiento de 50 litros diarios de dudosa calidad por persona, principalmente a través de camiones aljibe. En la práctica, estas comunidades reciben muchas veces menos que esta cantidad.

Cincuenta litros diarios equivale a una ducha de cuatro minutos y representa la mitad del mínimo de 100 litros diarios que establecen los estándares internacionales para garantizar necesidades básicas de consumo e higiene personal y doméstica. Los habitantes de estas comunidades deben con estas cantidades limitadas de agua atender, además, sus ganados y pequeñas plantaciones. Asimismo, las escuelas donde muchos niños y niñas se alimentan y las instalaciones de salud más próximas también enfrentan las mismas limitaciones de acceso al agua. Resulta evidente que, en este balance imposible de decisiones, los habitantes de estas comunidades no tienen acceso a las medidas básicas de higiene que demanda la prevención del COVID-19, dejándoles expuestos a un mayor riesgo de contagio.

Si bien el Estado reconoció esta urgencia y resolvió el 08 de abril aumentar a 100 litros diarios la entrega de agua, la decisión duró tan solo 8 días y fue dejada sin efecto en plena pandemia y sin explicación alguna. Esta es la segunda vez que el Estado retrocede en las garantías del derecho al agua para estas personas, ya que en una resolución de enero de 2019 ordenó distribuir 50 litros pese a que normativa del 2016 había fijado un mínimo de 100.

A esto se le suma la preocupación de que el agua a la que acceden no es de una calidad adecuada. En diversas oportunidades se ha constatado la presencia de elementos nocivos para la salud y los camiones no están obligados a contar con certificaciones sanitarias. Adicionando a esto la presencia de factores de riesgo en la salud de la población, especialmente en los adultos mayores y los niños y niñas, existe una clara situación donde la ausencia de agua de calidad  en medio de una pandemia pone en grave y urgente riesgo los derechos a la vida, la salud, la integridad y el agua de estas comunidades.

“La Organización Mundial de la Salud, la CIDH y otros organismos internacionales de derechos humanos han advertido el grave riesgo que el COVID-19 representa para las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad que no tienen acceso al agua, principal elemento de protección contra el contagio. A estas comunidades Chile les pide, por un lado, que se laven las manos al menos 5 veces al día por 30 segundos, y por otro resuelve negarles en plena pandemia las cantidades mínimas de agua para hacerlo»  señaló María Noel Leoni, directora del programa del cono sur y Bolivia de CEJIL. “Esperamos que la CIDH proteja los derechos a la vida, la integridad, la salud y el agua de quienes viven en estas comunidades, ordenando al Estado adoptar medidas de urgencia que garanticen un mínimo adecuado de agua de calidad que les permita cuidar la higiene sin sacrificar aspectos básicos de su salud y alimentación”.

Ante la falta de respuesta estatal a la urgencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH emitir de forma inmediata una medida cautelar, exigiendo al Estado chileno garantizar mínimamente 100 litros diarios de agua al día a las personas habitantes de las comunidades; realizar estudios de verificación de la calidad del agua y de actualización de los catastros con base a los cuales se distribuye el agua en las comunidades, e impulsar procesos de consulta amplios desde los cuales se acuerden medidas integrales que respondan a las causas de la escasez hídrica.

«Las exigencias por parte del gobierno chileno que la población siga las directrices higiénicas impuestas por la OMS frente a la pandemia del COVID-19 resultan inverosímil si no hay una distribución de agua suficiente como para garantizar que los y las habitantes de Petorca se puedan si quiera lavar las manos” Señaló Rodrigo Mundaca de MODATIMA.  “El Estado y quienes lo han mal administrado, no pueden mantener la privatización del agua, privando de este derecho esencial a la población».

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