En plena pandemia por Covid-19, Angloamerican insiste en conflicto con comuneros de El Melón

A pesar de la delicada situación sanitaria que afecta al país y el mundo en general, la transnacional Angloamerican Sur S.A. ha insistido en la solicitud presentada en el juzgado de letras de La Calera bajo el Rol C-412-2019, la cual busca el nombramiento de un administrador Pro indiviso para los bienes comunes especiales números 1 y 2 del Proyecto de Parcelación El Melón, de la comuna de NOGALES en la región de Valparaíso. No obstante, dicha comunidad agrícola y ganadera cuenta con su propia organización para administrar los bienes de su propiedad. Esta solicitud fue presentada por la minera y otros comuneros en el mes de febrero del año 2019, sin embargo la causa fue archivada el 02 de marzo del presente año.

A pesar de la prohibición de poder reunirse al existir riesgo de contagio por Corona virus, la empresa mediante su abogado Abraham Zett Urzua solicitó el desarchivo de la causa a objeto de continuar con la tramitación y resolver derechamente la solicitud de notificación por aviso y demás formulados en la presentación anterior. El cumplimiento de la solicitud por parte del juez implica que éste deba citar a comparendo a todos los interesados, indicando día y hora. Cabe señalar que los comparecientes suman más de 500 personas en el caso de los propietarios del bien común especial número 1 y  en el número 2 superan las 600 personas, haciendo prácticamente imposible dicha concurrencia en el estado actual de pandemia.

Angloamerican más un grupo menor de comuneros al no reconocer a la organización que administra los bienes agrícolas actualmente, solicita el nombramiento de un administrador Pro indiviso, el cual sería pagado por la minera, por lo cual la transnacional impulsó asambleas con los comuneros y se generó una mesa de trabajo para definir las atribuciones y deberes que debiese tener el o los administradores en caso de prosperar la solicitud, de la misma manera definir el destino de los bienes administrados y todo lo referente al mantenimiento de los mismos y los gastos que implicará dicha solicitud. Sin embargo, Jorge Ramírez Araya, integrante de la mesa que fue elegida por la asamblea para trabajar dichos temas, manifiesta preocupación, ya que la minera dejó de participar en dicha instancia, luego por causas del estallido social y últimamente por la crisis sanitaria se suspendieron todos los encuentros, esto provocó que no se siguiera avanzando en los temas, no se tomaran acuerdos, compromisos y no se informara del trabajo realizado a todos los comuneros interesados para la toma de decisiones.

Los bienes comunes en conflicto corresponden a los generados en el proceso de reforma agraria a contar del año 1970 en donde se asignaron parcelas, sitios y derechos en bienes comunes. Los títulos de dominio de los bienes en cuestión, fueron otorgados mediante actas complementarias por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en calidad de sucesor legal de Cora a contar de 1980 hasta la fecha.

La forma del cómo Angloamerican se involucra dentro de la comunidad agrícola y ganadera se remonta por allá en el año 2008, cuando adquiere un derecho de propiedad sobre los Bienes Comunes Especiales. Sin embargo, cuando la comunidad en el año 2011 rechazara la posibilidad de explotar un yacimiento de cobre en el sector del Caquicito en la Cordillera El Melón por parte de la minera, ésta decide comenzar un proceso de compra de derechos a propietarios que a causa de la sequía, ignorancia o necesidades económicas deciden vender sus derechos en los bienes comunes a la transnacional. Ello ha llevado a que la minera en la actualidad posea más del veinte por ciento de la propiedad, la cual en su totalidad corresponden a 3.680 hectáreas en el bien común número 1 y 8.000 ha en el bien número 2. La propiedad comprende parte de la Cordillera El Melón, declarada Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad.

En el actual escenario y ante la acción de Angloamerican, Ramírez hace un llamado a los comuneros que confiaron en la minera y dieron poder a las abogadas contratadas por la transnacional para que los representase en esta causa, a que revoquen el poder o den orden de no participar en la causa y audiencia bajo las actuales condiciones, ya que no están las garantías suficientes para conocer el destino real y las intenciones de Angloamerican sobre sus propiedades y la de los comuneros provenientes de la Reforma Agraria. Cabe recordar que fue la minera quien tomó las acciones para citar a asamblea de los dueños de los bienes en conflicto y luego sin tener el respaldo de la mesa de trabajo elegida y aprobación de la asamblea de comuneros, solicita seguir con el curso de la solicitud ante el juzgado para el nombramiento de un administrador Pro indiviso.

Deltacap 2016