¿Cuál es la relación entre las protestas y el Río Aconcagua?

Distintas reacciones han provocado las imágenes y videos del río Aconcagua la jornada del día sábado 19 de octubre. Viralizadas por distintas redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), se observa que terrenos completamente secos volvieron a ser inundados por el cauce del río sin necesidad de precipitaciones. Uno de los videos más difundidos grabó imágenes desde San Felipe, en el cual una voz relata: “San Felipeños… miren como corre el agüita en el río Aconcagua. Pasó la cosa en Santiago y ahora soltaron el agua. Raro. O Codelco está con miedo o fueron órdenes superiores de que soltaran el agua al pueblo”. Las imágenes también venían acompañadas de mensajes respecto al robo de agua, consignas como “NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO”, incluso aseveraciones como “los palteros se asustaron y soltaron el agua del río Aconcagua” fueron compartidas por el internet.

Como reacción ante la amplia y espontánea confusión ciudadana generada por el reaparecimiento del río, diversas notas y publicaciones emergieron desmintiendo rápidamente tales afirmaciones (EMOL, La Tercera, Soy Quillota, entre otros). Incluso hace 2 días atrás, el mismo Ministerio de Obras Públicas, a través de la página de la Dirección General de Aguas, ha publicado un comunicado respecto al tema, entregando una escueta versión “oficial” de los hechos. Esta versión consiste en que los hechos ocurridos corresponden a las consecuencias del Acuerdo voluntario, firmado en Octubre del año pasado y elaborado entre las 4 Juntas de Vigilancia de cada Sección del Río Aconcagua, quienes representan a los mayores titulares de derecho de aprovechamiento de agua.

En el caso del río Aconcagua, el acuerdo de Redistribución de aguas y medidas por declaración de Zona de Escasez Hídrica en la cuenca del río Aconcagua 2019, cuenta con las firmas de Javier Crasemann (1° Sección), quien ha sido representante legal y director de la empresa agrícola LAS PARCELAS S.A y figura como parte del Consejo Nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura 2019-2021; Mauricio Hargous (2° Sección), quien ha representado a la empresa CORPORA AGRÍCOLA S.A y Walter Riegel (3° Sección), quien ha sido gerente general en la AGRÍCOLA LAS CRUZADAS LIMITADA. A diferencia de la versión anterior del acuerdo, el documento no contó con la firma de Ambrosio Andonaegui (Usuarios del rio Aconcagua cuarta sección). Para ambas versiones del acuerdo no existe la firma de ningún sistema comunitario de agua potable rural (APRS).

El objetivo de este acuerdo se señala en su punto PRIMERO: «En el marco de la condición de escasez hídrica que afecta a esta cuenca, el Sr. Ministro MOP, previo informe de la DGA, ha decidido declarar Zona de Escasez Hídrica las provincias de Valparaíso, Marga-Marga, Quillota, San Felipe y Los Andes, tendiente a poner a disposición de las zonas afectadas, las herramientas jurídicas de dicho Servicio para la implementación de acciones que permitan mitigar las consecuencias de la situación descrita

Paradójicamente y para desgracia de quien realizó el relato viral, las aguas no fueron “soltadas” y mucho menos por “miedo”. Este inusual avistamiento del río Aconcagua se debe a todo lo contrario, la política pública al servicio de las minorías asociadas al agronegocio decide si el río corre o no.

Cabe destacar que al cierre de la declaración MOP se entrega una lista de quienes conforman el Comité Ejecutivo del Acuerdo, nombrando a las APR de Panquehue. Cabe preguntar ¿Cuál ha sido la real participación de las APR de Panquehue en un acuerdo que viene desde octubre del 2018? Si se revisan las actas publicadas en la página de la DGA, aparece que la participación de las APR se plantea como exigencia de la comunidad el día 12 de septiembre y recién se concreta este mes, el día 3 de octubre, con la única presencia de representante del APR del Escorial, siendo que en la comuna existen 13 Sistemas comunitarios de Agua Potable Rural los cuales podrían eventualmente ser perjudicados directamente por las medidas tomadas arbitrariamente por este comité. Con todo el daño que han ocasionado a la comunidad del Escorial, incluso usando la fuerza policial desmedida, dicha versión “oficial” parece una cruel burla en un pobre intento de legitimar dicha instancia.

Es desde este punto que es posible conectar lo ocurrido en el río Aconcagua con la semana de fuertes protestas a lo largo del país, toda vez que esta declaración invisibiliza un sistema obsoleto de gestión de las aguas único en el mundo que privilegia minorías y no se hace cargo de resguardar ni priorizar el agua fresca para los ecosistemas ni para el consumo humano. La megasequía viene a agravar un escenario para el cual las leyes chilenas no fueron diseñadas: la escasez provocada por el ser humano. La versión oficial de los hechos nuevamente pretende que la comunidad acepte sumisamente la lógica del modelo de aguas chileno: traspasar la gestión de las fuentes a los privados quienes acrediten poseer la mayor parte de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Así se encuentra consagrado en la constitución y el código de aguas vigentes.

¿Por qué para cada estación estival existe un número creciente de personas en Chile que se abastecen en camiones aljibes? Si bien cada realidad y territorio posee sus particularidades, dentro la causa que mejor explica la “brecha hídrica” del país se relaciona a la forma en que nos distribuimos un bien vital: el agua. ¿Por qué nos repartimos mal nuestra fuente de vida? Porque en Chile el marco legal se ha aplicado de tal manera que el derecho de propiedad se sobrepone a las garantías asociadas a derechos humanos fundamentales, como el agua y saneamiento. Las consecuencias fueron visibles hace mas de 15 años en Petorca, La Ligua y Cabildo y bajo las condiciones actuales, es inevitable que suceda lo mismo al interior del valle del Aconcagua. Como dato, Petorca fue declarado como área de restricción el año 1997, mientras que en La Ligua se realizó el año 2004. Esta declaración decreta la existencia de un “riesgo de grave disminución del acuífero” y ya fue realizada para los acuíferos presentes en las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Putaendo y Catemu el año 2016. Sin embargo, esta información no cuenta con la difusión que merece la gravedad del asunto.

Si bien en el corto plazo aún existe una aparente disponibilidad de agua subterránea para el consumo humano en las comunas señaladas, las condiciones actuales de sobreotorgamiento y sobreexplotación no garantizan la sostenibilidad para el mediano y largo plazo. A diferencia de lo ocurrido en la provincia de Petorca, aún hay tiempo para que la comunidad organizada al interior de la cuenca del Aconcagua exija:

 1) Redistribución de las Aguas: una redistribución equitativa que priorice el consumo humano para el largo plazo según la real distribución física (balances hídricos) y no en base a derechos de propiedad de papel;

2) Al ser la actividad con mayor demanda hídrica, los proyectos agrícolas en operación, instalados en la cuenca del Aconcagua debieran ser monitoreados y sometidos a una evaluación ambiental que permita redirigir el foco hacia una agricultura sostenible en materia hídrica. Para el caso de las aguas subterráneas tener en consideración la tasa sustentable de extracción calculada por la DGA y,

3) Consejos de Cuenca y/ó Asambleas Territoriales por el Agua. Es urgente el diseño y la elaboración de sistemas integrados y participativos, legitimado por las comunidades, que privilegie la participación permanente, vinculante y efectiva de los sistemas comunitarios de agua potable rural, quienes realizan los servicios sanitarios fuera del área de concesión sanitaria (en este caso de Esval). Estas medidas debieran ser acompañadas por una fuerte campaña nacional en el fortalecimiento de capacidades de todos los sistemas comunitarios en operación, con el objetivo de que estos sistemas puedan lograr la autonomía en la gestión, siendo el mecanismo ideal para resguardar el consumo humano y frenar la sobreexplotación actual de ríos y acuíferos con fines productivos. Esta condición es en extremo urgente ya que viene a remediar las consecuencias del abandono de la inversión pública en materia de agua potable rural desde 1990. De forma sorprendente el acuerdo en su punto TERCERO señala textual “Las Juntas de Vigilancia mencionadas en este instrumento acuerdan conformar un comité ejecutivo, formado, al menos, por los presidentes de las Juntas de Vigilancia de las Secciones Primera, Segunda y Tercera y un representante de los usuarios de la cuarta sección, al cual se incorporarán los funcionarios de las respectivas juntas y actores de la cuenca, que las partes acuerden invitar”. Es decir, los actores que no sean parte de las Juntas de Vigilancia, por ejemplo los APR, participaran sólo en la medida que sean invitados.

Dentro de las medidas anunciadas por Sebastián Piñera a raíz del estallido social no se encuentra ninguna que aborde precisamente el conflicto socioambiental de mayor gravedad en el país: la escasez de agua. Chile despertó y después de décadas, las condiciones son favorables para que la ciudadanía cambie el curso de la política pública hacia el beneficio de las y los más sencillos. La meta debe ser garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento construyendo un futuro con agua para todas y todos.

Nicolás Bujes
Modatima

Fuentes:
Declaración Mop por Río Aconcagua. Disponible en http://www.dga.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=596

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