En Chile, gatopardos y fácticos unidos por una causa común, mantener la privatización del agua

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El gatopardismo tiene su origen en la novela El Gatopardo, del escritor Italiano Giuseppe Tomasi di Lampesuna, en rigor, la máxima sostiene “ Si queremos que todo siga como esta, es necesario que todo cambie”.

El 21 de Mayo del 2014, desde el Congreso, y en su primer discurso presidencial de su segundo mandato, Michelle Bachelet señaló: “El fenómeno del cambio climático ha alterado las condiciones que habíamos conocido. Y yo he dicho muchas veces, la sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse. Es probable que deje de ser un fenómeno episódico, que sea una característica climática de los próximos años y así tenemos que enfrentarla. No se trata además sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos. Sino también de la sobre explotaciones de cuencas y del mal uso de los derechos de agua. Es por eso que nos hemos propuesto reconocer a las aguas como un Bien Nacional de Uso Público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”.

congreso_2Desde Marzo del año 2011 se discutía al interior del Congreso un proyecto de reforma al código de aguas, con la llegada de Bachelet (2014), y posterior a su primer discurso presidencial, los Ministros Alberto Undurraga (Obras públicas) y Ximena Rincón (en ese entonces ministra Secretaria General de la Presidencia), concurrieron al Congreso a la comisión de recursos hídricos y desertificación, presidida por Luis Lemus (PS), a solicitar la postergación del debate en torno al proyecto que se discutía de reforma al código, puesto que el gobierno estaba interesado en realizar aportes a la discusión.

A fines del año 2014 el Gobierno de Bachelet envió al congreso una indicación sustitutiva en materia de agua, que en su esencia planteaba cambiar el concepto de derechos de aprovechamiento de Aguas, por el de concesión, a 30 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso Consuntivos, y a 20 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso No Consuntivos, claro, la particularidad es que este proyecto estaba dirigido sólo para aproximadamente el 10% del agua que faltaba por entregar, sin efectos retroactivos, y por ende sin mención alguna al 90% del agua ya entregada, agua entregada de forma gratuita y perpetua, del mismo modo la indicación incorporo priorizar el uso del agua para consumo humano, el reconocimiento del acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano y además el fortalecimiento de las atribuciones de la dirección General de Aguas (DGA).

La discusión de la indicación sustitutiva se dio en la cámara de Diputados durante 2 años, en la discusión se ratificaron e incorporaron aspectos que son importante de valorar, se ratificó el acceso al agua como Derecho Humano, priorizar el consumo humano, el uso doméstico, de subsistencia y saneamiento, se agregaron medidas regulatorias para las “aguas del minero”, es decir el tener que informar las aguas alumbradas en yacimientos de explotación de minerales, solicitando posteriormente autorización de uso, y concluida la faena devolver el agua, a lo que se agregó causales de extinción de derechos de agua no utilizados, en el caso de los derechos Consuntivos por 4 años, y No Consuntivos por 8 años, así como también la caducidad de derechos de agua en el caso que los mismos se emplearan para propósitos distintos por los que fueron entregados.

visita-sna-a-min-agricFinalmente el proyecto de ley fue aprobado en la cámara de Diputados el 22 de Noviembre del 2016, pasando de esta forma al Senado, donde las presiones de los poderes fácticos, representados por la Sociedad Nacional de Agricultura y del Consejo Minero, no se hicieron esperar, sus empleados cada vez que concurren al Senado argumentan la inconstitucionalidad del proyecto de reforma, puesto que no se puede fracturar la propiedad privada del agua, ya que la misma se encuentra precisamente salvaguardada en la constitución política del año 1980, y que señala en su artículo 19, numeral 24 que: “Los derechos de los particularidades sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

En Abril del 2017, el gobierno de Bachelet presentó nuevas indicaciones al proyecto, la finalidad expuesta por el ejecutivo fue lograr consenso en la tramitación del proyecto, razón por la cual eliminaron la palabra y la intención de concesionar las aguas, por derechos de propiedad, disminuyeron las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas, y flexibilizaron la revocación de derechos de agua por no uso.

Las organizaciones que luchamos por la recuperación de las aguas para nuestras comunidades y territorios, desde el momento que se presentó la iniciativa del gobierno de Bachelet, señalamos que la misma era profundamente cosmética ya que no abordaba el problema de fondo, es decir, la privatización de un bien común que es esencial para la vida, del mismo modo hemos sostenido la necesidad de restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra y construir una nueva institucionalidad hídrica no cooptada por el modelo de mercado de las aguas, con facultades y competencias reales, para fiscalizar y sancionar de manera ejemplar el robo de las aguas.

Durante todo el gobierno de Bachelet las movilizaciones por la recuperación de las aguas se han mantenido inalterables, así como también la persecución, criminalización y censura de que han sido objeto hombres y mujeres que a lo largo del país luchan por el agua.

Reportajes como el realizado por el centro de Investigación periodística Danwatch (Danés), Aguacates y el gran robo de aguas (19 de marzo del 2017), instalaron en el plano Internacional la forma en que se viola el derecho humano al agua para favorecer la industria extractiva agroexportadora en la provincia de Petorca, V región.

foto_0000000120171002173732En el plano Nacional, Ciper Chile publicó un artículo Titulado: El negocio de la sequía (21 de Marzo del 2017) dando cuenta que el Estado de Chile, entre el año 2010 y Agosto del 2016, se gastó más de 92 mil millones de Pesos, comprando agua y arrendando camiones aljibes para suministrar este vital elemento a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país.

A mi juicio, los dos artículos antes señalados reflejan de manera nítida los efectos que ha provocado la violación del derecho humano al agua en comunidades como Petorca, y también, como los “empresarios del agua dulce”, y los “zares de los aljibes”, se han enriquecido con platas públicas destinadas a comprar agua para una población que es víctima directa del despojo permanente del agua por parte de la industria extractiva, sea esta minera, agroexportadora, forestal o hidroeléctricas.

El 2 de Octubre del 2017, en la XIII versión del encuentro Nacional de la Agricultura, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, el ministro Carlos Furche (PS), sentado al lado de Ricardo Ariztía, presidente de la SNA, señalo “Como Gobierno hemos tomado la decisión de no acelerar, no apurar, y no generar votaciones respecto del proyecto de reforma al código de aguas, en el período eleccionario, porque esto requiere una discusión madura, tranquila y serena”, declaración que contó con el beneplácito total del presidente de la SNA quién sostuvo “ de alguna manera Furche, ministro de Bachelet, ha recogido la preocupación y sensibilidad que tiene esto para nuestro gremio”, a propósito de estas cándidas declaraciones, sólo un alcance, la privatización de las fuentes de agua data desde hace 36 años, esto para que el Ministro tenga en cuenta cada vez que reflexione de manera madura y serena en torno a la situación de las aguas.

La escena final confirma la sentencia de Lampesuna “Si queremos que todo siga como esta, es necesario que todo cambie”, Gatopardos y Fácticos unidos en un propósito común, mantener la certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, lo demás son reformitas y batallas territoriales que al gran empresariado poco le importan, ¿y si el agua falta en las comunidades?…. El Estado y sus administradores de turno pueden y deben seguir comprando agua y arrendando aljibes.

Rodrigo Mundaca
Vocero MODATIMA
Octubre del año 2017

Deltacap 2016