Hemos recibido del comando de Beatriz Sanchez, su visión para el sector agrícola, a propósito de una entrevista realizada por la Revista del Campo del Períodico «El Mercurio».
A continuación publicamos las respuestas de la entrevista.
1.- ¿Cuál es su propuesta para que los pequeños agricultores se sumen al sector exportador?
Las estimaciones sostienen que son aproximadamente 200 mil las explotaciones agrícolas en manos de pequeños agricultores, concentrados en más de un 90% entre la zona centro norte y sur del país, es decir, desde el río Elqui hasta el archipiélago de Chiloé, con una marcada concentración, equivalente a más de un 50%, entre las regiones VIII y X respectivamente.
A nuestro juicio, en Chile existe una agricultura fuerte, con acceso a la banca, altamente especializada y orientada preferentemente hacia los mercados de exportación, y por otro lado un tipo de agricultura caracterizada como pequeña agricultura o agricultura familiar campesina, que cuenta con modestas dotaciones de tierra, con dificultades para acceder a la banca y concretamente al sistema crediticio, a la asistencia técnica especializada, a los mercados compradores, unido además a la alta fragmentación de la tierra en poder de los pequeños, a la debilidad de sus organizaciones, y en última instancia, a la imposibilidad real de aumentar sus márgenes de ganancia.
A pesar de las enormes dificultades que enfrenta la pequeña agricultura, ella en su conjunto aporta un tercio de la producción agrícola total, especialmente en los rubros de hortalizas, frutales menores, viñas, ganadería y algunos cultivos anuales, entre otros, y genera además un tercio de la fuerza laboral ocupada en nuestro país.
La agricultura es un bien societario, y cumple un rol social fundamental, producir alimentos. En Chile, la soberanía alimentaria se sustenta en la actividad productiva de los pequeños agricultores, sin embargo uno de los segmentos productivos que más ha sufrido por la liberalización desmedida del comercio agropecuario, es el que se encuentra vinculado con la producción de bienes alimenticios para consumo interno.
Gran parte de la agricultura Chilena se desarrolla en el mundo rural, el cual mantiene un importante desequilibrio en la calidad de vida de sus habitantes respecto de los de la ciudad. El progreso de la pequeña agricultura o agricultura familiar campesina, que se desarrolla en este ambiente, pasa por un mejoramiento integral de las condiciones de vida de sus habitantes, y por relevar la importancia que tiene la pequeña agricultura nacional, como responsable de nuestra soberanía alimentaria.
A propósito del planteamiento anterior, nuestra propuesta para la pequeña agricultura, No tiene nada que ver con encadenar a los pequeños productores de alimentos con el círculo “virtuoso” de los mercados de exportación, por el contrario, nuestra propuesta dice relación con relevar su rol como proveedores de alimentos de consumo interno, dando continuidad y profundidad al apoyo de pequeños productores a través del INDAP, generando oportunidades a través de programas de comercialización (tiendas mundo rural, sello manos campesinas, y otros que puedan crearse), de crédito y de extensión y asistencia técnica. En relación a los programas de crédito, vamos a revisar el enfoque y efectividad de estos programas para ver si efectivamente han tenido un impacto positivo considerable o si deben reorientarse.
En relación a la asistencia técnica y extensión, consideramos importante volcar el rol de los programas existentes (PRODESAL, SAT, PDTI, Alianzas productivas, PADIS, etc.) hacia el desarrollo de capacidades de los pequeños agricultores, mediante la ayuda en la creación de redes de conocimiento e intercambio de experiencias o redes de extensión. A nuestro juicio el extensionista juega el rol de facilitador de la creación y mantención de redes de intercambio de saberes e innovaciones en las que, por cierto, el extensionista también participa y aporta, pero los agricultores también se convierten en fuente de conocimiento y transmisión del conocimiento existente, con el valor de transmitirlo en un lenguaje y códigos propios del mundo rural. En estas redes consideramos determinante incluir a la familia y a las y los jóvenes que tienen interés en el trabajo del campo, haciéndolos participes de los diálogos en donde se vierten los saberes ancestrales de los agricultores, así como las innovaciones que se deriven desde ellos.
Relacionado con lo anterior, vamos a incentivar la promoción de emprendimientos de los pequeños agricultores en forma colectiva, de manera tal de aumentar el valor de los productos generados en el campo, ya sea vía la elaboración de productos, o bien la producción con atributos especiales como lo es la producción de alimentos bajo principios de manejo ecológico de los bienes naturales, y que además presenten alternativas al modelo de producción de alimentos dependientes de fuentes de energía fósil, y que como se encuentra comprobado científicamente, son altamente degradantes de la base natural.
2.- ¿Cómo apoyarán al agro para que mantenga el liderazgo frutícola y recupere los espacios perdidos?
El posicionamiento de Chile en el mundo como proveedor de productos frutícolas, se basa en una lógica de mercado global de alimentos que es muy poco sustentable ambientalmente e incluso en relación a la calidad y valor nutricional de los mismos alimentos y la salud de los consumidores.
Los alimentos destinados a exportación son a los que se les somete más agudamente un paquete tecnológico que involucra una serie de productos químicos de demostrados efectos perjudiciales en la salud de los consumidores y el ambiente. La justificación es que vía exportación se pueden lograr mejores precios, lo que muchas veces es cierto, pero no de forma sostenida en el tiempo. La gran cantidad de intermediarios y las fluctuaciones de los mercados globales de los commodities hacen que los años de bonanza sean muy acotados y no se pueda tener una confianza en una estabilidad de precios, la que es muy necesaria para la producción agropecuaria.
Sin duda no se puede caer en el error de generar políticas regresivas que anulen la focalización de Chile hacia la provisión de alimentos de exportación, pero es fundamental potenciar los mercados locales, así como las redes de comercio corto y la diversificación productiva de las diferentes macro-zonas de nuestro país.
3.- ¿Cuál es su política respecto del recurso hídrico, considerando las actuales necesidades de riego producto del cambio climático y del avance agrícola? ¿Cuál es su postura respecto del proyecto de modificación del Código de Aguas? ¿Qué modificaciones propondrían?
Lo primero es establecer una línea base pública que permita reconocer las condiciones actuales de las cuencas hídricas y ecosistemas asociados, a fin de observar con base científica y técnica el contexto en que se están llevando a cabo los consumos, los usos y las asignaciones de derechos. Sobre esta base, evaluar y proyectar, considerando posibles escenarios a causa del Cambio Climático, las viabilidad de las actividades que se realizan en torno de dichas cuencas -en conjunto con todos los actores-; y establecer medidas de adaptación para asegurar la sustentablidad social, económica y ambiental y la mitigación. Es posible afirmar que el problema de la sequía, en el contexto de cambio climático, se ha vuelto estructural; y el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de evaluar y proyectar las actividades económicas domésticas en un escenario de creciente complejidad e incertidumbre. Es evidentemente más eficiente invertir en planificación y co-diseño que en medidas parche que terminan volviéndose “las únicas soluciones” a la mano.
Siguiendo la línea del argumento anterior, el Estado debe hacerse cargo de evaluar con base científica y técnica las condiciones actuales de los territorios y proyectar las posibles tendencias futuras, a fin de poder tomar las decisiones políticas pertinentes. La política pública debe hacerse cargo con firmeza de garantizar seguridad hídrica para las personas, los ecosistemas y los productores. Y esta seguridad está de la mano del diálogo y la profundización democrática en la gestión: las tensiones actuales por la competencia entre distintos usos, que cabe esperar que se agudicen en un escenario de creciente restricción, no se resuelve con más mercado, sino como una planificación integrada y participativa. No podemos permitirnos que uno u otro sector productivo estén fuera de la línea de la adaptación y la mitigación, agravando el impacto del cambio climático en los distintos sectores y territorios con sus usos intensivos y contaminantes, como ocurre ahora. Una vez identificadas las vulnerabilidades sectoriales a nivel territorial, es necesario desarrollar medidas de adaptación con un fuerte componente tecnológico que nos permita disminuir costos y utilizar de manera más eficiente los recursos. En este sentido, el Estado, las Universidades, Centros de Estudios y Gremios toman una gran relevancia en el diagnóstico, desarrollo e implementación de medidas de adaptación.
En relación a la pregunta referida a nuestra posición sobre la reforma al código de aguas, sostenemos que la misma resulta central para que el país cuente con un régimen de gestión que garantice el derecho de todas las personas a este bien común, y que dé al Estado las atribuciones suficientes sobre un recurso que podemos considerar estratégico para la seguridad y el bienestar nacional; especialmente frente a escenarios críticos como el cambio climático y los desastres naturales asociados. Cabe señalar que el año 2010 el acceso al agua y al saneamiento fueron consagrados como Derechos Humanos por la ONU. Nuestra postura es apoyar una reforma que garantice el Agua como bien común en tres órdenes de prioridad: consumo humano, sostén ecosistémico -por medio de la definición de caudales ecológicos- y usos productivos, dentro de los que se debe privilegiar el uso agrícola para la provisión de alimentos. En sintonía con lo anterior, para que exista una reforma real y un cambio cualitativo al Código de Aguas, se hace necesario plantear la modificación del artículo 19 número 24 de la Constitución Política, ya que este numeral consagra la propiedad privada del agua siendo un problema importante la afectación que causa la separación de la propiedad del agua con el dominio de la tierra para distintos sectores, en particular para la agricultura.
Queremos que el agua como insumo para el desarrollo de actividades económicas no esté en contradicción ni con el derecho de las personas a hacer efectivo su consumo básico, ni con los equilibrios ecosistémicos, que es indispensable resguardar para garantizar la disponibilidad presente y futura de este recurso. En el sistema actual existe alta dispersión institucional en la gestión, concentración de la propiedad, falta de fiscalización, desertificación, contaminación y problemas concretos de acceso de las personas y pequeños productores agrícolas al agua, todo ello vinculado al régimen de competencia en el mercado del agua y a las débiles atribuciones de planificación y gestión pública, lo que no puede continuar.
Uno de los elementos fundamentales de la reforma era la insistencia en la definición de caudales ecológicos, que lamentablemente en la versión actual de la reforma tienen un alcance muy limitado. De hecho, sólo afecta retroactivamente a los DAA existentes al interior de áreas protegidas, cuando lo óptimo sería que no hubiera tal restricción. Un elemento positivo que se ha mantenido es la definición del agua para consumo humano, de subsistencia y saneamiento, como prioritario. Otra cosa que rescatamos es que incluye la prohibición de constituir DAA en glaciares y áreas bajo protección oficial (parques nacionales).
Lamentablemente, una demanda histórica como era la gestión integrada de cuencas (que estaba en la versión original del proyecto) tampoco se ha mantenido. No hay que olvidar que Chile es el único país del mundo donde el mercado es el principal agente organizador y distribuidor del derecho al agua. Fortalecer la gobernabilidad en la gestión del agua, con una visión integrada, estratégica y con mirada de corto, mediano y largo plazo es algo urgente e indispensable.
4.- ¿Qué proponen para incentivar que el agro nacional tenga a la sustentabilidad como uno de sus pilares, considerando la protección del medio ambiente, la protección social y la necesidad de que se generen ingresos, y al mismo tiempo hacerse cargo de los cuestionamientos al agro, como el impacto que este genera en el ambiente y el cambio climático (efectos de ganadería y agroquímicos, por ejemplo).
En Chile el modelo de producción agrícola que prevalece es resultado de la aplicación acrítica del paquete tecnológico que deriva de la llamada “Revolución Verde” (1960-1980), monocultivo como estrategia de desarrollo, uso intensivo e irracional de bienes naturales finitos, suelo y agua y sobrequimización de los medios de cultivo, en particular plaguicidas y fertilizantes derivados de energía fósil.
El monocultivo ha simplificado y más bien homogenizado el medio natural, eliminando los servicios ecológicos de la biodiversidad, el uso irracional de suelos sin aptitud de cultivo, es una de la principales causas de erodabilidad de los mismos, a lo que debemos agregar la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, lo que en la práctica se traduce en vastas plantaciones de frutales en suelos de cerro, el agotamiento de las cuencas hidrográficas por la sobreexplotación de las mismas, o como se dice en el campo, “no hay agua en el río, porque hay más árboles plantados que agua disponible”, cuestión que ha derivado en robo de aguas subterráneas para riego de cultivos, vía drenes, vía construcción de pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos, o simplemente corridas de cerco para apropiarse de la caja de los ríos.
Del mismo modo, el empleo intensivo e irracional de plaguicidas y fertilizantes, es probablemente una de las actividades humanas que más gases de efecto invernadero aportan al medio ambiente, contribuyendo de manera sustancial al cambio climático, y también otras derivadas, como es la afectación al medio ambiente, a la salud de las personas y comunidades, la sobrefertilización nitrogenada y sus efectos en la pérdida de carbono orgánico de los suelos o en la contaminación de las aguas, todos y cada uno de estos aspectos nos permiten concluir que la sustentabilidad en la producción agrícola sigue siendo un tema pendiente, que si bien se declara, en términos prácticos, se sigue incentivando vía instrumentos de fomento, un modelo de producción agrícola, que nada tiene que ver con preservar y conservar aquellos bienes naturales que son indispensables en la producción de alimentos.
Es necesario deconstruir una nueva política de desarrollo agrícola, propósito que requiere armonizar una nueva relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios, es así como la aplicación teórica y práctica de políticas de sustentabilidad deben ser una prioridad dada sus implicancias técnicas, socioeconómicas y políticas.
Comprendemos la importancia de la Sustentabilidad en el sector agrícola a partir de un conjunto de principios básicos sobre el comportamiento de los actuales agroecosistemas, razón por la cual incorporaremos la dimensión Social, es decir que los costos y los beneficios de la producción agrícola se distribuyan de forma equitativa entre los distintos sectores, la dimensión Ambiental de forma tal que los sitios de producción agrícola (agroecosistemas) mantengan sus características fundamentales para la supervivencia a largo plazo, y finalmente la dimensión Económica, lo que debe traducirse en que el manejo sostenible de los bienes naturales y los cambios introducidos en un proyecto de producción produzcan una rentabilidad que haga atractiva su continuidad.
5.- ¿Cuál es la propuesta para acotar la incertidumbre en las exportaciones que generan el incremento de paralizaciones de servicios del estado, como aduanas, SAG o los de los trabajadores portuarios?
Para nosotros será fundamental desarrollar mejores habilidades mediadoras como gobierno entre los servicios del Estado, Aduanas, SAG, empresas portuarias y sus trabajadores, para llegar a acuerdos que permitan canalizar sus demandas. Por otra parte, consideramos importante analizar si las empresas concesionarias portuarias son las más aptas y capaces para esta función o si se deberá reasignar dichas concesiones.
6.- Propuestas en materia laboral: a) Considerando que la actividad agrícola tiene condiciones específicas, ¿qué propondrán para que se pueda cumplir con ellas y no se transgredan los derechos de los trabajadores?
Se propondrá un sistema efectivo de negociación colectiva para el mundo del trabajo agrícola, donde sean empresarios y trabajadores representados sindicalmente los que fijen las condiciones de trabajo. Se tratara de un sistema de negociación sectorial o ramal con la figura de sindicatos más representativos el que determinará las condiciones básicas de empleo, quedando habilitadas las partes para mejorar dicho piso colectivo. En ese caso, serán los propios sindicatos agrícolas los que fomentarán el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
- b) ¿Qué propondrán en términos de la legislación laboral, considerando la escasez de la mano de obra en el campo, la incorporación de inmigrantes como trabajadores y la cuota de extranjeros?
Primero, en relación al estatuto del trabajador agrícola, creemos que si bien se ha avanzado en la discusión, por ejemplo con la reflexión en torno a los trabajadores de temporada, es importante realizar una discusión más amplia al respecto para acercar el estatuto a la realidad del campo y la necesidad que dichas condiciones se negocien en términos colectivos de equilibrio y paridad contractual como proponemos en el punto anterior.
Las condiciones actuales de los trabajadores agrícolas son de las peores del mundo laboral chileno por lo que los esfuerzos que se hagan en un principio pueden tener mucho efecto positivo en regular sus remuneraciones, horas de trabajo, condiciones laborales, seguridad social, etc.
Sostenemos que es importante la bajada del estatuto a las organizaciones de trabajadores con mesas en las que puedan participar y dejar sus opiniones y consideraciones al respecto. En estas mesas también pueden ser de gran valor las opiniones que puedan incoporar los agentes de INDAP y los extensionistas de sus diferentes sistemas de asesoría, al ser grandes conocedores de la realidad de los trabajadores agrícolas y potenciales canalizadores de sus necesidades y demandas.
También nos parece importante generar mesas participativas para recoger las opiniones de los propios trabajadores agrícolas respecto al estatuto, con metodologías en que se haga accesible para ellos la reflexión de su contenido e incorporación de propuestas y mejoras.
Sostenemos la necesidad de generar oportunidades laborales para la población migrante en el campo de nuestro país. Si bien, una parte importante de la migración, de Haití especialmente, ha llegado a zonas rurales, en general su adaptación es difícil, por lo que es importante apoyarlos en relación al dominio del idioma, estándares laborales base que pueden exigir y capacitación entorno a la técnica del trabajo en los principales rubros agrícolas del país.
7.- La actual política agrícola tiene más de 20 años (con recursos importantes para innovación, recuperación de suelos, promoción de exportaciones, entre otros), ¿Qué cambios tienen contemplados realizarle en términos de foco y de redistribución de los presupuestos?
Daremos continuidad a los planes de fomento de la pequeña agricultura que se han desarrollado en los últimos años, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP , organismo central en el desarrollo rural de Chile y pilar histórico de la labor social del Ministerio de Agricultura. Dentro de las iniciativas lideradas por INDAP en los últimos años relevamos el sello manos campesinas, sello que destaca productos artesanales, sanos, de origen campesino y que fomentan el desarrollo local. También están las tiendas mundo rural, como parte del programa nacional de comercialización de INDAP, buscando acercar los productos campesinos a la ciudad, utilizando el modelo de circuitos cortos.
En este ámbito también es fundamental potenciar y ampliar el fomento desde INDAP de la agroecología como una práctica de sostenibilidad ambiental y social de los sistemas agroalimentarios de gran relevancia mundial.
Es importante también un acompañamiento y promoción de prácticas de producción limpia en grandes sistemas productivos, que los ayuden a generar menores impactos ambientales y sociales negativos, y los sitúen como efectivos proveedores de empleo y productos de calidad para el consumo nacional.
Se debe reposicionar al INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) como una entidad de referencia en investigación agropecuaria y desarrollo de innovaciones productivas que tiendan a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en el tiempo, no sin antes hacer una crítica al porcentaje de recursos del PIB que hoy se destinan a esta labor. En este sentido, la investigación y el desarrollo se deben poner al servicio de superar el modelo de desarrollo agrícola actual.
Volcar la función y misión del Servicio Agrícola y Ganadero SAG hacia la producción con destino nacional para potenciar la sanidad pecuaria y vegetal en los sistemas productivos que entregan alimentos que se consumen en el país, así como la seguridad respecto a las importaciones, mejorando los rendimientos y eficiencias de los sistemas productivos. También se debe potenciar la misión del SAG en el aseguramiento menores impactos en relación a la emergencia de enfermedades de origen animal (zoonóticas) e impactos ambientales de los sistemas productivos. Una alianza interesante a realizar seria entre el SAG y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), con miras a compartir expertise, capacidades y equipamiento, ya que cada uno en su ámbito realiza funciones muy similares.
Se debe continuar con el trabajo de elevar los estándares de innocuidad y calidad alimentaria que deben seguir siendo velados y coordinados por la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), que tiene la virtud de generar coordinación entre todos los actores públicos y privados ligados a la generación de alimentos que no nos enfermen y nos nutran mejor.
8.- En el agro la mujer tiene una alta participación, ya sea como trabajadora, empresaria y profesional. ¿Tiene políticas específicas para la mujer en este ámbito?
Cerca de 58 millones de mujeres viven en áreas rurales de América Latina y el Caribe. En Chile, según el último Censo informado, son más de 1 millón las mujeres que viven en el medio rural.
“La feminización del mercado del trabajo se tradujo en que un 40% de la fuerza de trabajo que labora en la agricultura de exportación es femenina, aumentando en verano en las faenas de packing a más del 60%. No obstante este proceso de incorporación de mujeres al mercado del trabajo agrícola bajo el Neoliberalismo se caracteriza por la precarización del empleo: empleo estacional, bajos salarios, extensas jornadas para “hacerse el salario”, muchas veces moviéndose de Valle en Valle bajo un sistema donde se gana según se produce. Los costos laborales, el deterioro de la salud por los ritmos de trabajo, por el uso de agro-tóxicos hacen a menudo que las mujeres se ganen la vida para perderla” (Ximena Valdés, Las Mujeres del Campo, en libro La Reforma Agraria, Le Monde Diplomatique, Junio 2017)
A propósito del párrafo anterior, las mujeres juegan un rol decisivo en la agricultura, sin embargo sus condiciones de salud, trabajo, son cada vez peores, sin seguridad en el empleo y un bajo nivel de ingresos, con acceso limitado a la educación, salud, y en algunos casos en precarias condiciones de vida.
En este sentido consideramos fundamental el apoyo de los servicios públicos y la inversión en las zonas rurales, a fin de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, priorizar políticas públicas de desarrollo técnico que se centren en las necesidades de las mujeres agricultoras o que viven en zonas rurales, reconociendo sus conocimientos, aptitudes y experiencia en la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad, serán algunas de las iniciativas que tomaremos con la mayor decisión.
9.- ¿Cuál será su posición respecto del uso de nuevas tecnologías como la transgenia u organismos genéticamente modificados?
En Chile existe una confusa normativa en materia de transgénicos, que data desde el año 1993, y que permite a productores locales importar semillas genéticamente modificadas para su multiplicación en el territorio y posterior reexportación, estando prohibido su cultivo en el ámbito local.
En Chile el año 2011, la presencia de cultivos transgénicos de Maíz y otros, provocó graves daños en la apicultura, debido a la contaminación de la miel con polen transgénico, lo que afectó las posibilidades de comercialización de más de 10 mil apicultores locales, en la misma línea, el año 2005 se demostró la contaminación de semillas de maíz convencional con semillas transgénicas.
Los cultivos transgénicos están manipulados genéticamente para hacerlos resistentes al Herbicida Roundup, fabricado por Monsanto, el ejemplo más clásico es la Soya, y también aquellos cultivos que han sido manipulados genéticamente con Bt (Bacillus thuringiensis, bacteria) y que los hace resistentes ante el ataque de plagas de importancia económica.
A propósito de todo lo anterior, no somos partidarios de los cultivos genéticamente modificados, pensamos que ellos no van a resolver el problema del hambre en el mundo, ya que esto es un problema político, no creemos en sus bondades de emplear menos plaguicidas, por el contrario, del mismo modo tampoco pensamos que los cultivos transgénicos sean inocuos para la salud de las personas y el medio ambiente, las evidencias de contaminación en Chile se han encargado de demostrar que son un riesgo inminente de contaminación biológica a los centros de origen.
Finalmente nos parece que la institucionalidad que administra la normativa de transgénicos en Chile (Servicio Agrícola y Ganadero), también se encuentra al debe, ya que existen débiles protocolos de bioseguridad , referidos sólo a cuarentena fitosanitaria, sin considerar el impacto de estos cultivos sobre la biodiversidad y el medio ambiente.
10.- ¿Cuál será su política respecto a la violencia en La Araucania, considerando el potencial productivo que ha adquirido esa zona con la incorporación de inversiones frutícolas?
Según antecedentes del Centro de Información de Recursos Naturales, al año 2015, en la región de la Araucanía, existían más de 10 mil hectáreas de frutales, jugando un papel determinante la actividad apícola, rubro decisivo durante el proceso de polinización de frutales, en la región de la Araucanía se concentra el 33% de la productores apícolas de todo el país.
En este sentido sostenemos que es fundamental una ley apícola que proteja a las abejas del uso de insecticidas neonicotinoides, de cultivos transgénicos que contienen toxinas que las afectan, una ley que incentive la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta proporciona, particularmente donde se concentra la actividad apícola.
En línea con lo anterior, sostenemos que es necesario generar un marco de acuerdo en torno a una ley apícola con mejores estándares y mayor consenso, en que ambas partes puedan obtener beneficios, generando mejores servicios de polinización para la actividad frutícola y por tanto incrementando su productividad.
No podemos soslayar el encabezado de la pregunta, y referido a la violencia en la Araucanía, ya que al parecer esa es la pregunta principal, rechazamos la violencia, sin embargo es vital entender que las causas de la misma son exógenas, gatilladas precisamente por un modelo de despojo permanente de la tierra, el agua y los recursos anexos al arbitrio de la industria forestal, subsidiada vía decreto ley forestal 701, para establecer especies exóticas como Pino y Eucaliptus, y que ha beneficiado particularmente a la familia Matte y Angelini. En la región de la Araucanía la superficie plantada asciende a más de 480 mil hectáreas.
Este modelo forestal, fraguado en Dictadura, y continuado durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza, ha provocado el desplazamiento de comunidades humanas completas, con la consecuente pérdida del bosque nativo, pérdida de recursos hídricos, uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas, acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos, pérdida de flora y fauna nativa, suelos ganaderos y agrícolas reemplazados por la introducción de forestales industriales, lo que ha derivado en pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, transgresión de lugares sagrados e irrespeto a comunidades Mapuche, aumento de la emigración y pobreza en lugares de alta concentración forestal.
A juicio nuestro, en la descripción anterior está el origen de la violencia, porque es violento privar a comunidades de Chilenos y Mapuches de bienes naturales como el suelo y el agua que tienen no sólo una función productiva, si no que en una acepción mucho más amplia y profunda, se encuentran íntimamente ligados a cosmovisiones que aún no somos capaces de comprender, del mismo modo tampoco podemos eludir las demandas de fondo del pueblo Mapuche y referidas a autodeterminación y autogobierno, esta discusión no puede continuar siendo postergada, ni tampoco la respuesta del Estado puede seguir siendo la criminalización del pueblo mapuche y el encarcelamiento de las autoridades tradicionales Mapuche fuera de todo estándar Internacional de respeto a los Derechos Humanos, esto lo vamos a abordar inmediatamente, y lo haremos conscientes del carácter plurinacional de nuestro Estado.
Equipo Agrario Candidatura Presidencial Beatriz Sánchez
Septiembre 2017
