35 años de lucro, usura y exclusión derivados de la privatización del agua en Chile

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En Chile existe un modelo de despojo de los bienes naturales comunes que no tiene parangón con otros países, y que se extiende de Norte a Sur, de Cordillera a Mar. Cuenta con un dispositivo institucional administrado por una casta política que actúa como guardia pretoriana de los que saquean y se enriquecen a costa del sacrificio de las mayorías sencillas.

La extrahección es una derivada del extractivismo; se define como la apropiación de los bienes naturales comunes desde la imposición del poder político y económico, desde la imposición de la fuerza.

Sin lugar a dudas, la mercantilización del agua, su privatización y transformación en un bien de capital que genera plusvalía a sus propietarios, es un reflejo de la extrahección. Fue realizado en plena dictadura, la que en octubre del año 1981 promulgó el actual código de aguas; código que transformó un bien natural común en mercancía, transable y regulada por los mecanismos de la oferta y la demanda.

Transcurridos 35 años, el código de aguas de la dictadura se mantiene plenamente vigente, y para decirlo con todo rigor, fue “perfeccionado” por los gobiernos de la Concertación, quienes en el año 1997 iniciaron el proceso de privatización de las empresas sanitarias, hoy en manos de empresas extranjeras. Fuera de todo sentido, o completamente “surrealista”, ESVAL (empresa sanitaria de Valparaíso) es de propiedad de los profesores de Ontario, Canadá, quienes mejoran sus pensiones precisamente con el “negocio” del agua.

Este es el contexto, en Chile el agua es objeto de lucro, usura y exclusión, y caminando los territorios nos encontramos con situaciones propias del “realismo mágico”, y con realidades que pareciendo fantásticas, son eso, realidades.

La bajada Salar del Carmen, ubicada en la intersección de las avenidas Padre Alberto Hurtado con Salvador Allende, comuna de Antofagasta (región del mismo nombre), es conocida como la Cachimba del Agua. Aquí, en este lugar, se concentran diariamente un número indeterminado de camiones aljibes, los que ejerciendo las prerrogativas del “libre mercado del agua”, compran “agua potable” a la empresa sanitaria Aguas Antofagasta, sanitaria cuyos dueños –el grupo Luksic– vendieron el año 2015 en alrededor de 965 millones de dólares al grupo de Empresas Públicas de Medellín (Colombia).

Pues bien, en la Cachimba del Agua los camiones aljibes compran agua “potable” a 3 mil pesos el metro cúbico, la que posteriormente venden al pueblo privado de agua a 8 mil pesos el mismo metro cúbico. En la previa a las elecciones municipales (octubre 2016), escuchamos de boca de uno de los candidatos a alcalde de Antofagasta sostener… “de ser electo alcalde me comprometo a duplicar la flota de camiones aljibes en la comuna…”

Chiloé sin agua
En el otro extremo del territorio, en el Archipiélago de Chiloé (región de Los Lagos), zona lluviosa, la extracción del musgo pompón (Sphagnum) o musgo de Chiloé, se realiza de forma intensiva e irracional, afectando de forma irreversible estos humedales que proveen de agua permanente a la población del Archipiélago. Este musgo es un retenedor natural de agua; sin embargo, empresas nacionales y extranjeras exportan este reservorio de agua, el que en otros países se utiliza preferentemente como sustrato para la multiplicación de flores. Esto explica por qué las comunidades rurales de Chiloé hoy son abastecidas de agua mediante camiones aljibes.

Y los ejemplos suman y siguen. En la provincia de Petorca (región de Valparaíso), particularmente en las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, se libra hace muchos años una literal “guerra por el agua”; guerra completamente asimétrica, puesto que las y los privados de agua denuncian hace mucho tiempo a conspicuos políticos y empresarios responsables de usurpar agua para favorecer sus plantaciones de frutales. Pero no sólo las y los que viven en la provincia de Petorca denuncian la privación de aguas por prácticas impropias, vale decir, drenes para apropiarse de las aguas subterráneas, pozos sin derechos de agua legalmente constituidos o corridas de cerco para adueñarse de la “caja” de los ríos, sino que éstas consideraciones también están contenidas en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2013), así como en el informe de la Misión de Observación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre Julio y Octubre del 2014. Todas estas denuncias por usurpación de aguas fueron realizadas en tribunales de La Ligua a fines del año 2015, y no fueron investigadas; los testigos no fueron escuchados; los casos fueron cerrados unilateralmente, por lo que la connivencia entre quienes deben administrar “justicia” en los ríos y quienes los depredan y saquean es completa y total.

Antofagasta pone de manifiesto como en los territorios es “lícito” vender agua, sin regulación de precios alguna, sin constatar las condiciones, o mejor dicho, sin constatar el cumplimiento de normas de higiene e inocuidad del agua que se vende. En Chiloé se permite depredar los reservorios naturales de humedad. En la provincia de Petorca políticos y empresarios gozan de total impunidad para robar agua; mientras que la institucionalidad es un mero espectador, y la casta política defiende la “constitucionalidad” de la propiedad privada del agua, es decir, el derecho a comprar, vender o arrendar agua. 35 años han transcurrido, 35 años de impunidad en las fuentes de agua.

Hay que destacar que el 22 de noviembre pasado la Cámara de Diputados votó la indicación sustitutiva del gobierno para reformar el código de aguas. A nuestro juicio, es una reforma total y completamente insuficiente, ya que cambia el concepto de derechos de aprovechamiento por el de concesión, a 30 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consuntivo (agricultura, minería, sanitarias y sector industrial), y a 20 años para los derechos de agua de uso no consuntivo (agua empleada en hidroelectricidad), iniciativa que no tiene retroactividad puesto que está dirigida sólo al 10% del agua que falta por entregar; es decir, no toca la perpetuidad ni la gratuidad del 90% del agua ya entregada. La respuesta del legislador es que esta fue la forma de limitar la propiedad privada del agua, ya que no existe la voluntad ni los votos para derogar el artículo 19 numeral 24 de la constitución política del 80, que consagra la propiedad privada del agua.

Cómplices y responsables
Las bancadas de la Nueva Mayoría votaron a favor de la indicación sustitutiva de su gobierno; la oposición anuncia concurrir al tribunal constitucional apelando al mantra de la propiedad privada del agua; sin embargo, una brisa de dignidad nos llegó a quienes luchamos por el agua por vez primera del Congreso: la intervención del diputado Gabriel Boric, quien a su turno señaló ”…la situación del agua es grave, hay que actuar con celeridad, el gobierno desperdicia la oportunidad de hacer una reforma profunda, una que devuelva algo tan vital como el agua a sus Territorios y Comunidades (…) esta ley no toca el 90% del agua entregada a perpetuidad…” Y continuó hablando de los conflictos por el agua en los territorios. Cuando llegó a Petorca señaló a quienes se han visto involucrados en denuncias de robo de aguas, “Pérez Yoma, Junemann, Marcelo Trivelli y el ex Diputado Eduardo Cerda….”, su coraje se agradece.

La Institucionalidad en materia hídrica y la mayor parte de la casta política –hacemos la salvedad con Gabriel Boric– son cómplices y responsables de la perpetuidad del modelo de lucro y usura con el agua. En tanto nosotr@s continuaremos adelante, sumando mentes y ganando corazones, apelando al sentido común, apelando a la fuerza organizada de las comunidades, indígenas y mestizas, porque si de algo estamos seguros, es que será con la fuerza organizada con la que vamos a recuperar el agua, y lo haremos para salvaguardar la vida… todas las vidas.

¡EL AGUA NO SE VENDE,
EL AGUA SE DEFIENDE!

por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez

Deltacap 2016